Disputas entre Maroto y Ribera frenan los incentivos eléctricos

La Xunta culpa al Gobierno del posible cierre parcial de Alcoa porque prometió apoyos que no llegan y que podrían aliviar a las industrias con un alto consumo energético


redacción / la voz

La luz, siempre la luz. El eterno problema de los elevados costes energéticos de las industrias que utilizan la electricidad para llevar a cabo sus procesos productivos. Como Alcoa. Pero también Ferroatlántica o Megasa... Tanto el presidente de la Xunta como el conselleiro de Industria se apresuraron a culpar al Gobierno central de que la multinacional del aluminio anuncie despidos, porque lleva año y medio incumpliendo la promesa de dibujar un marco estable de incentivos energéticos que facilite a este tipo de empresas competir con Europa. ¿Mero interés político y electoral? La patronal del sector, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) lleva años con la misma denuncia. Ahora con más bríos, si cabe. Fernando Soto, su director general, subraya que los incentivos son el único modo de que puedan competir con el resto de los países, que, por cierto, también apoyan a sus industrias. ¿Por qué no en España?

El Ministerio de Industria prometió en diciembre del 2018, al poco de que Alcoa anunciase el cierre de A Coruña y Avilés, que luego retiró para vender las fábricas, un estatuto específico para el sector electrointensivo. Año y medio después, sigue sin estar en vigor.

Ese documento, con medidas de alivio para abaratar costes eléctricos, está llamado a sustituir a las subastas de incentivos a cambio de prestar el servicio de interrumpibilidad. Las empresas que consumen mucha electricidad -como las citadas antes, entre otras muchas- se ofrecen a que les corten el suministro si es necesario por el bien del sistema a cambio de dinero. La última subasta se celebró en diciembre pasado y repartió incentivos para el primer semestre del 2020. Este se acaba y AEGE nada sabe de la nueva puja para acabar el año, y tampoco del estatuto. «Temo que no la convoquen», reconoce Soto.

Ribera se escurre

La directiva de la patronal del sector tiene contactos permanentes con el Ministerio de Industria. «Me consta que hacen lo que pueden, pero es que el dinero lo tiene Transición Ecológica -dentro de él, la Secretaría de Estado de Energía-, llevamos mes y medio intentando hablar con ellos y nos dicen que tienen las agendas muy ocupadas», explica Fernando Soto.

«Industria hace lo que puede, pero es que el dinero lo tiene Transición Ecológica»

En resumen, que la ministra Reyes Maroto quiere y no puede; y Teresa Ribera puede y no quiere (o eso parece). El estatuto lo mueve Industria, pero es Transición Ecológica la que mece la cuna, la que tiene los recursos. Así que las posibles diferencias de criterio en el seno del Gobierno podrían estar retrasando los apoyos a la industria.

Es Transición Ecológica la que, por ejemplo, recauda el dinero que pagan las compañías por los derechos de emisión de CO2: 1.240 millones el año pasado. Soto subraya que la Comisión Europea permite que el 25 % de ese dinero (300 millones) retorne a las empresas para apoyar su competitividad, sin necesidad siquiera de pedirle permiso a Bruselas. Esta medida se podría aplicar ya, sin aguardar a que se acabe de tramitar el estatuto, pero no se hace. «Querrán el dinero para gastarlo en otra cosa», razona Soto. Mientras tanto, muchas industrias están en apuros, y no solo por el coronavirus.

El directivo de AEGE quiere recalcar que no están pidiendo nada que no estén haciendo ya otros países con los que tienen que competir a diario. Italia, por ejemplo, está auxiliando a su tejido industrial con subastas de interrumpibilidad extraordinarias, esas que tanto ansían las españolas. O en Francia, donde están repartiendo los fondos del CO2. O en Alemania. Allí las empresas con un elevado consumo de energía disfrutan de exenciones directas de costes fijos del recibo de la luz, que Transición Ecológica no quiere ni tocar.

La solución es política, destaca Soto, quien es optimista y considera que finalmente el Gobierno entrará en razón, «aunque alguna pluma nos vamos a dejar por el camino». Una puede ser la última fábrica de aluminio primario que queda en España, la de San Cibrao. Aunque el director general de la patronal prefiere no opinar sobre las decisiones de los asociados, avanza que hay otras compañías en apuros y con ERTE -incluso antes de la crisis del coronavirus-. Esto no va solo del futuro de Alcoa.

La Xunta estima que en Galicia dependen del sector electrointensivo cinco mil empleos. El conselleiro Conde acusó al Ejecutivo de «inacción política». Feijoo, a través de Twitter, de que «el Gobierno tuvo más de un año para evitar el cierre de Alcoa y no lo hizo a pesar de sus promesas».

La peor subasta eléctrica de la historia

F. Fernández

Alcoa avisa de que «la producción de aluminio primario en España es inviable» y Ferroatlántica avanza que revisará sus planes para el 2020

Las industrias altamente dependientes del precio de la energía -porque la electricidad forma parte de sus procesos de producción- ya se olían la catástrofe. Pero ha sido incluso peor. Durante los seis primeros seis meses del 2020 dispondrán solamente de 4,38 millones de euros, a repartir entre 118 empresas. Ni un millón al mes. Es el resultado de la reciente subasta de incentivos a cambio de prestar el servicio de interrumpibilidad, y el peor de todas cuantas pujas se han celebrado hasta ahora (arrancaron en el 2014). Así, según datos de la patronal AEGE, en este 2019 se distribuyeron 196 millones, o sea, 98 millones para cada mitad del año. En el 2018 fueron 316 millones, 158 por semestre. El recorte es, como se ve, monumental.

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