Casi 150.000 familias se quedarán sin ingreso mínimo por su patrimonio

Los beneficiarios tendrán que presentar la declaración de la renta para aflorar su economía


Redacción / La Voz

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el ingreso mínimo vital (IMV), la medida estrella del Gobierno en materia de derechos sociales que ha tenido que acelerar para dar respuesta a la crisis socioeconómica derivada del covid-19. Una renta que estaba previsto inicialmente que llegara a cerca de un millón de familias pero que, según los últimos cálculos del Ministerio de Inclusión, percibirán solo cerca de 850.000.

¿Y qué pasa con los otros 150.000 hogares? Pues que, pese a cumplir los criterios de renta exigidos (que serán diferentes en función de la composición de la unidad de convivencia), exceden los criterios de patrimonio establecidos en la última versión de un decreto que ha sufrido múltiples retoques hasta llegar a su redacción final, tal y como adelantaba ayer La Información.

El ministro José Luis Escrivá confirmó también el jueves que «si alguien excede un determinado nivel de patrimonio, que dependerá del tamaño de la familia, tampoco tendrá la prestación». Se busca así establecer un «elemento adicional de equidad» y no fiarlo todo a la falta de ingresos cuando exista una riqueza suficiente para compensarla. En contra de lo que figuraba en los primeros borradores, el ministro confirmó que la vivienda habitual y la hipoteca ligada a ella no se tendrán en cuenta a la hora de determinar el patrimonio.

Esos umbrales se han fijado, explicó, tras analizar con la Agencia Tributaria los datos fiscales de todos los españoles. Un trabajo que no ha sido fácil porque «muchos de estos hogares no han tributado nunca». De hecho, una de las condiciones que se establecerán en el decreto que mañana verá la luz es que todos los beneficiarios del ingreso mínimo «tendrán que hacer la declaración de la renta», lo que permitirá aflorar parte de la economía sumergida en el país y poner bajo el radar del fisco a ciudadanos que hasta ahora no habían declarado nunca.

Catorce tipos de familias

A falta de conocer hoy los detalles concretos de la ayuda, lo que se ha filtrado hasta ahora es que el IMV oscilará entre 461 euros al mes para personas que vivan solas y algo más de mil euros para hogares con dos adultos y tres o más niños. En total, se definirán catorce casos distintos, a los que se les garantizará un ingreso mínimo al mes. Porque el Estado no abonará necesariamente todo el importe, sino que completará los ingresos que ya puedan tener estas familias hasta cubrir esa renta mínima.

El IMV se podrá empezar a solicitar en junio y ese mismo mes lo comenzarán a percibir unas 100.000 familias a las que se les reconocerá de oficio porque la Administración ya tiene sus datos y se ha comprobado que cumplen los requisitos.

Galicia y otras comunidades del PP y el PSOE piden gestionar la renta mínima, como el País Vasco

Escrivá defendió ayer la cesión al País Vasco y Navarra de la gestión de este ingreso mínimo vital, anunciada antes de la presentación de la medida, argumentando que no se trata de un guiño al PNV para lograr los votos necesarios para convalidar el decreto en el Congreso, sino que ya estaba prevista en el propio diseño de la medida. Y es que, explicó el ministro, se trata de las dos únicas comunidades de régimen foral del país y, como tales, son las que tienen la información de renta y patrimonio necesaria para poder determinar qué hogares pueden acceder al IMV.

Las explicaciones no convencen al resto de los Gobiernos autónomos. En el caso de Galicia, Feijoo ya reclamó a Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes la cogestión de la medida, como también exigieron al ministerio desde la Consellería de Política Social, donde recuerdan que sus equipos son los mejor preparados para hacer este trabajo, porque están sobre el terreno y, además, ya tienen experiencia en la gestión de otras prestaciones sufragadas por la Seguridad Social, como las pensiones no contributivas.

Un modelo «en el que el Estado paga las nóminas pero la gestión la hacen las comunidades» que defendió el jueves el Gobierno balear y también los de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, todos ellos presididos por el PSOE, o el de Castilla y León, donde el PP gobierna en coalición con Ciudadanos, y cuyo vicepresidente, Francisco Igea, criticó que se «ahonde en la desigualdad».

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