El CISF denuncia acoso y hostilidad a los trabajadores del servicio de empleo

El retraso en el pago de prestaciones ha disparado la tensión y el sindicato reclama seguridad para los funcionarios


Madrid

Las prestaciones que se retrasan y no llegan -aunque la ministra de Trabajo aseguró que esta semana se abonarían los pagos pendientes a 300.000 afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)- han disparado la tensión en torno a las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), desencadenando episodios de acoso y un «clima de hostilidad» hacia sus funcionarios. Así lo denunció este jueves la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en la Administración pública, que reclama al Ejecutivo, además del refuerzo «estructural y permanente» de la plantilla, garantías de seguridad en las oficinas.

Advierte de que los trabajadores del SEPE se oponen a la apertura de las oficinas el próximo día 25 si no se estabiliza antes el pago de las prestaciones pendientes y no se incrementa la seguridad.

A través de un comunicado, el sindicato relata que se han empezado a registrar «episodios de acoso a personal funcionario» a la entrada de las oficinas por parte de personas «que expresan así su profundo malestar y frustración». Citan el caso de una oficina concreta de Palma de Mallorca, donde ha sido preciso avisar a la policía varios días. «Y no es un episodio puntual, se reproduce en algunas otras provincias», subrayan,

Ante esta situación, CSIF reclama al Gobierno el refuerzo «estructural y permanente» de las plantillas, una necesidad que denuncia desde la pasada crisis, ya que —sostiene— las incorporaciones de interinos no resuelven el problema de gestión que se arrastra desde hace años.

El 20 % de los ERTE, pendientes

El sindicato denuncia que alrededor del 20 % de los ERTE y otras medidas excepcionales puestas en marcha por el Gobierno contra esta crisis sanitaria están pendientes de tramitación, «pese a la labor que realizan sus plantillas», de las que subrayan trabajan tanto en las oficinas como en sus domicilios, «a doble turno y siete días a la semana, incluidos festivos» para desbloquear la atención a las necesidades de «miles de personas que se encuentran en una situación tan dramática».

Recuerda que las oficinas están cerradas desde que comenzó la crisis sanitaria, pero que se atiende de forma telemática a los usuarios, aunque ante la «ingente» cantidad diaria de consultas el sistema está «colapsado».

Además del refuerzo de personal, reclaman «garantías de seguridad» ante la apertura de las oficinas a los usuarios, no solo en lo sanitario, sino de vigilancia. Indican que muchas de las unidades no disponen de dicho servicio porque es competencia de las comunidades.

El colectivo advierte que sin lo anterior, la plantilla del SEPE «se opone frontalmente» a la apertura de las oficinas a partir de la fase 2 de la desescalada, prevista a partir del día 25, y exige que tal apertura sea consensuada con los servicios autonómicos de empleo, con quienes comparte espacio físico en las oficinas.

El número de gallegos que cobran del Estado duplica ya las nóminas del sector privado

Gabriel Lemos

Los ERTE y las ayudas a los autónomos elevan a 1,17 millones las personas con rentas públicas, frente a los 588.000 cuyos ingresos vienen de una empresa

Nunca antes hubo tantos gallegos dependientes del Estado. Claro que nunca hasta ahora hubo una pandemia que obligara a recluirse durante semanas a media humanidad, limitando la actividad al mínimo necesario para garantizar los servicios básicos. Ese contexto excepcional, unido al despliegue de un paquete de medidas de protección para evitar que la crisis sanitaria y económica se convierta en una crisis social, ha elevado el número de personas que cobran una nómina pública en la comunidad a casi 1,17 millones, unos 235.000 más que dos meses antes, en un febrero que ahora nos parece ya la prehistoria.

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