Estaciones de servicio de bajo coste de Galicia vendieron gasoil adulterado

La Agencia Tributaria desmantela una red nacional de tráfico ilegal de combustible que defraudó once millones de euros


La Voz

La Agencia Tributaria ha completado una investigación que ha durado más de un año y que le ha permitido desmantelar una trama de distribución de gasóleo modificado que se vendía en estaciones de servicio de bajo coste para eludir los controles fiscales, una operación que se ha saldado con 43 personas detenidas, diez de ellas, enviadas a prisión. La organización estaba dirigida desde Alicante pero operaba en otras siete comunidades autónomas, Galicia entre ellas. Según la Agencia, en la comunidad fueron detenidas dos personas, pero ninguna ingresó en la cárcel. Añade que la trama estaba empezando a implantarse aquí cuando se desarrolló la operación y que ya «habían mandado un comisionista a Galicia desde Valencia y ya habían recibido camiones y distribuido producto en Galicia».

Según la autoridad fiscal, también se han embargado inmuebles, vehículos de alta gama, más de un centenar de cuentas bancarias y 300.000 euros en efectivo de esta organización, que que podría haber defraudado casi 11 millones.

La Agencia Tributaria detalla que la banda adquiría en otros países de la Unión Europea los productos, de características prácticamente idénticas al gasóleo de automoción, pero diseñados específicamente para eludir los procedimientos de control fiscal, lo que permitía su llegada a España de forma opaca.

El producto circulaba con documentos con destinatarios falsos o datos incompletos para evitar la localización de los responsables y se recibía en instalaciones ajenas al sistema de control, por lo que no era sometido a controles de calidad -se llegaban a utilizar aromatizantes para que pareciera gasóleo normal-, pudiendo causar daños en los vehículos en caso de uso continuado.

Después el producto se distribuía en estaciones de servicio de bajo coste sin haber pagado el impuesto especial de hidrocarburos, lo que permitía ofrecerlo a precios muy competitivos, y además la organización no ingresaba a Hacienda el IVA que cobraba a sus clientes.

La trama contaba con una red de empresas y colaboradores que cubrían toda la cadena de negocio, desde empresas que facturaban y recibían el producto a sociedades instrumentales, empresas de transporte o proveedores de aditivos, además de comerciales y testaferros. Los vándalos incluso utilizaban la coacción y las amenazas, añade la Agencia, «llegando, incluso, a acudir con este fin a la conocida organización Ángeles del Infierno, considerada a nivel internacional como una auténtica organización criminal».

A lo largo de esta operación se ha investigado a más de 100 personas físicas -en España, Polonia, Estonia, Bulgaria, Rumanía, Lituania y Armenia- y 90 personas jurídicas -en España, Estonia, República Checa, Portugal, Bulgaria, Austria, Alemania, Dinamarca, Malta y Lituania-.

Se han realizado actuaciones de entrada y registro en 19 instalaciones y domicilios y se ha detenido a 43 personas, de las que 10 han ingresado en prisión.

La investigación de la operación Copérnico, que se ha prolongado durante más de un año, comenzó bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número dos de Orihuela (Alicante) para después trasladarse a la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción.

Los trabajos continúan y se han tramitado órdenes europeas de investigación de movimientos de dinero, además de abrir un expediente de cooperación judicial internacional en el marco de Eurojust.

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