El número de gallegos que cobran del Estado duplica ya las nóminas del sector privado
ECONOMÍA
Los ERTE y las ayudas a los autónomos elevan a 1,17 millones las personas con rentas públicas, frente a los 588.000 cuyos ingresos vienen de una empresa
12 may 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Nunca antes hubo tantos gallegos dependientes del Estado. Claro que nunca hasta ahora hubo una pandemia que obligara a recluirse durante semanas a media humanidad, limitando la actividad al mínimo necesario para garantizar los servicios básicos. Ese contexto excepcional, unido al despliegue de un paquete de medidas de protección para evitar que la crisis sanitaria y económica se convierta en una crisis social, ha elevado el número de personas que cobran una nómina pública en la comunidad a casi 1,17 millones, unos 235.000 más que dos meses antes, en un febrero que ahora nos parece ya la prehistoria.
En ese momento, había en Galicia casi 680.000 pensionistas, un poco más de 98.000 desempleados con algún tipo de cobertura (ya fuera prestación contributiva o subsidios) y cerca de 148.000 empleados públicos. Trabajadores, estos últimos que computaban dentro del más de millón de cotizantes que estaban entonces de alta en la Seguridad Social, pero cuyo sueldo sale también del erario. A estas cerca de 926.000 personas se añaden, dos meses después, los más de 165.000 trabajadores en ERTE y los casi 68.600 autónomos que perciben una prestación pública por cese de actividad tras haber cerrado su negocio o haber visto caer más de un 75 % sus ingresos. En total, 1.167.293 nóminas públicas, un 26 % más que en febrero.
En el otro lado de la balanza, menos de 590.000 trabajadores en el sector privado que aún reciben sus nóminas de sus empresas. Porque dentro de los cerca de 970.000 cotizantes que quedan en Galicia (46.000 menos de los que había a mediados de marzo, justo antes de decretarse el estado de alarma), están incluidos los 148.000 empleados públicos y los 235.000 asalariados y autónomos que están actualmente cobrando una prestación del Estado (ERTE o cese de actividad). Siguen figurando en las estadísticas de la Seguridad Social porque su contrato solo está suspendido y siguen cotizando al régimen correspondiente, aunque es el Estado el que hace la aportación por ellos. Por lo tanto, la cifra de nóminas sostenidas íntegramente por el sector privado ya no llega a las 600.000, cuando antes de la crisis rozaban las 865.000, un desplome del 32 %.
Con los ERTE prorrogados con carácter general hasta junio (y la expectativa de que se alarguen unos meses más en los sectores más castigados, como el turismo) y la prolongación de la ayuda de los autónomos hasta el fin del estado de alarma (se cobrará hasta el último día del mes en el que se decrete su finalización), la previsión del Ejecutivo es que el gasto solo por estas dos coberturas excepcionales alcance los 21.600 millones de euros, duplicando de largo el gasto previsto en prestaciones por desempleo (que el año pasado rondó los 19.000 millones).
Solo en abril, el desembolso en paro aumentó en 3.000 millones respecto al mismo mes del año anterior, cifra a la que hay que sumar los más de 1.300 millones que abonó la Seguridad Social a los autónomos en los dos primeros pagos de la prestación por cese de actividad. Pero las tensiones presupuestarias se agravarán en las próximas semanas, porque a la factura de los ERTE habrá que añadir la de las extras de pensionistas y funcionarios.
