Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno tenía previsto poner en marcha un ingreso mínimo vital para todos los españoles que no cubrieran económicamente sus necesidades mínimas. Esta ayuda sería compatible con otras pensiones no contributivas como la risga gallega. Con la crisis del coronavirus y con la intención mil veces repetida de «no dejar a nadie por el camino», se aceleró la puesta en marcha de esa renta mínima vital, de la que por el momento solo se esbozaron sus detalles. Se sabe, a través del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que se aprobará en la segunda mitad de este mes, que el coste final de la prestación será de unos 3.000 millones de euros y que comenzará a percibirse a partir de junio. Esta renta está pensada para hogares -no para personas- que sufren pobreza severa (un 20 % en España), que se pueden situar en torno a un millón, la mitad con niños y un 10 % monoparentales. Hasta ese momento, el debate de esta medida entre la opinión pública fue superado por el de las etapas del confinamiento y lo que en cada una de ellas se podía o no hacer. Pero todo dio un vuelco cuando saltó la noticia de que los okupas podrán acceder a esa futura renta vital si se empadronan en «sus casas». ¿Y por qué saltó la alarma? Porque en el BOE, el Gobierno decidió mantener una orden del 2015 (que a su vez derivaba de normas de 1997) que permite empadronarse en «chabolas, caravanas, cuevas, etcétera». Y es que el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio, independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda. Tal fue el revuelo que se montó, que el ministro Escrivá salió a desmentirlo. Lo dijo alto y claro: los okupas no cobrarán el ingreso mínimo vital. Sus declaraciones fueron respaldadas con otros datos como que para empadronarse son necesarios una serie de documentos oficiales que certifiquen la residencia de la persona en la casa.
En ese momento, se calificó la noticia de fake news, y se subrayó que procedía de partidos de la derecha y de la extrema derecha que pretendían desestabilizar al Gobierno. Pero el debate sigue abierto. César Lodos, abogado experto en materia de okupaciones, interpreta que, según recoge el texto legal, los ayuntamientos no están obligados o facultados para exigir documentos de propiedad o de posesión del inmueble y que, en cambio, deben aceptar como válido cualquier evidencia (suministros de luz, agua, etcétera) que revele que efectivamente el domicilio en cuestión es en el que reside la persona que pretende empadronarse. «Pero - subraya el experto en desokupaciones-, el gestor municipal podrá comprobar por otros medios (como por ejemplo a través de un informe de la policía local) que realmente el vecino habita en ese domicilio, y en caso afirmativo le da acceso a inscribirse en el padrón». Esto quiere decir que, cuando el okupa llame a la policía local y le pida que certifique que está dentro de la vivienda, será suficiente para que se valide como dirección correcta la casa okupada, «letigimando a un delincuente en poseedor de hecho de una vivienda a la que ha accedido violentando físicamente y legalmente para su propio beneficio».
El INE también confirma que los ayuntamientos tienen la obligación de empadronar a cualquier persona, sea cual sea su situación jurídica y la de la vivienda en la que reside, incluso si la casa ha sido okupada ilegalmente (solo hay una excepción, que el desahucio se vaya a producir de manera inminente). Así que, llegado el caso, podríamos ver a un okupa empadronado en una vivienda que no es de él, mientras que los dueños legales de la misma pleitean para revertir la situación.
Conocidos todos los extremos, habrá que esperar a ver cómo se articula el nuevo ingreso mínimo vital y si esta permite a un okupa empadronado acceder a la ayuda.