La patronal reclama que sea automático el paso de los ajustes de empleo por fuerza mayor a económicos
08 may 2020 . Actualizado a las 05:00 h.«La línea de avales es la mitad de lo que nos puede hacer falta». Así lo aseguró Gerardo Cuerva, el presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), durante la jornada organizada junto con el despacho Álvarez & Marsal sobre «¿Cómo evitar la quiebra por el coronavirus? Estrategias empresariales ante el covid-19». Cuerva subrayó que mantener el tejido productivo precisará financiación adicional, por lo que reclamó ampliar hasta los 200.000 millones los 100.000 del límite fijado por el Ejecutivo para los avales del ICO. Cabe recordar que ayer mismo la vicepresidenta económica cifró en casi 300.000 las operaciones tramitadas, por un montante de financiación garantizada de 40.000 millones, en un 98 % para pymes y autónomos.
El presidente de Cepyme planteó la necesidad de que la concesión de dichos préstamos fuera «casi automática» para las pymes en dificultades y hasta un máximo determinado, que situó en 50.000 euros. Igualmente se refirió a los ERTE, cuya flexibilización y prolongación más allá del final del estado de alarma la patronal considera «clave» para mantener vivas las empresas y, en consecuencia, no destruir empleo. En ese sentido, defendió que el paso de los ajustes por fuerza mayor a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción sea «automático» y no requiera la tramitación de un nuevo expediente, así como adaptar la duración del ERTE a la progresiva recuperación de la actividad.
También se mostró contrario a la obligación de salvagardar el empleo durante seis meses, uno de los principales desacuerdos en la mesa de negociación con el Gobierno.
En lo que respecta a los autónomos, UPTA también le traslará al Ejecutivo en la reunión interministerial de la próxima semana una batería de medidas vitales para el colectivo en la desescalada. Entre ellas, destacan ampliar hasta el 31 de diciembre la duración de los ERTE por el covid-19 en los sectores más afectados o ampliar las actividades que pueden acogerse a la moratoria de las cotizaciones sociales.