Galicia denuncia que se la penaliza en el reparto de los 16.000 millones extra

El diablo está en los detalles. Y, efectivamente, eso es lo que ha ocurrido con el fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros para las comunidades, que Pedro Sánchez les anunció el pasado fin de semana a los presidentes autonómicos. En la tarde de ayer, en una reunión de más de tres horas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, les detalló a los consejeros del ramo los criterios que el Gobierno aplicará para repartirlo entre los territorios, unos criterios que penalizan a Galicia, según la Xunta, ya que se alejan de los vigentes en el sistema de financiación autonómico y no dan el suficiente peso a aspectos clave para la comunidad, como la dispersión geográfica o el envejecimiento de la población.

El fondo se aprobará a través de un real decreto-ley -Montero advirtió a los consejeros que, de no convalidarse en el Congreso, no habría dinero- y se dividirá en tres bloques: 10.000 millones para gasto sanitario, otros 1.000 para gasto social y los 5.000 restantes para compensar la caída de la recaudación de los tributos propios por la contracción de la actividad económica.

Sin cifras cerradas

Aunque desde la Consellería de Facenda confirmaron que no se habló de las cuantías económicas concretas que le corresponderán a cada comunidad, los métodos con los que se calcularán levantaron ampollas y no únicamente entre los territorios gobernados por el PP, ya que Aragón -en manos del PSOE- planteó las mismas quejas que Galicia, «perjudicado» por idénticos motivos.

El mayor malestar lo generan los 10.000 millones para gasto sanitario, que se dividirá en dos tramos de 6.000 antes del verano y 4.000 en el segundo semestre respectivamente, distribuidos según dos criterios: un 28 % en función de la población ajustada, es decir, teniendo en cuenta factores como la dispersión geográfica o el envejecimiento de la población; y el otro 72 % computando las pruebas PCR, hospitalizaciones e ingresos en uci.

Para el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, el criterio de población ajustada está «infraponderado» y le reclamó a Montero un mayor peso en dicho reparto, acercándolo al 50 %, habida cuenta de que el virus afecta en un porcentaje muy elevado a población envejecida, como es el caso de Galicia y otros territorios de la España vaciada. Subrayó también que con estos métodos de cálculo no se tendría en cuenta el trabajo de las comunidades en otros ámbitos sanitarios, como la atención primaria y la salud pública.

Al respecto, Martínez también recordó que en el reciente reparto de los 300 millones del fondo social extraordinario, la población ajustada tuvo un peso del 90 %, el triple que ahora. De hecho, el Ministerio confirmó que ese mismo criterio será el que se aplique a la distribución de los 1.000 millones del nuevo fondo correspondientes a gasto social.

En el aire queda, por el momento, la fórmula para el reparto de los 5.000 millones con los que compensar la caída de la recaudación, que Montero pretende que acuerde un órgano colegiado entre la Administración Tributaria del Estado y las de las comunidades, el mismo que coordina la gestión de los tributos cedidos.

Respecto a la petición gallega de no tener que asumir en el 2022 una liquidación negativa de la financiación autonómica recibida ahora, por el descenso de la recaudación del ejercicio respecto a las entregas a cuenta, Montero consideró que ese puente se cruzará en el futuro, enfatizando la financiación récord de este año.