Casi 90.000 empresas modifican sus contratos de luz para ahorrar en potencia

El Gobierno obliga a hacer los cambios en cinco días y sin coste para el cliente


redacción / la voz

El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó medidas excepcionales para blindar el suministro eléctrico de todos los consumidores. También obligó a las compañías a ponerse las pilas para agilizar altas y bajas de contratos, incluida la reducción de potencia contratada, algo así como la capacidad de consumo, medida en kilovatios. Esta última instrucción está pensada, sobre todo, para los dueños de los miles de negocios cerrados tras la declaración del estado de alarma, como bares, restaurantes o peluquerías. En una factura de la luz, la potencia contratada no es baladí. Bien al contrario, es un término fijo que se lleva como el 20 % de lo que paga al mes un consumidor doméstico. Así que, aunque no consuman electricidad en estas semanas de parón, los propietarios de esos establecimientos pagan como mínimo ese concepto, más impuestos y alquiler del contador. La medida aprobada por Transición Ecológica obliga a las distribuidoras a aceptar las peticiones de reducción de potencia y a ejecutarlas en cinco días. Y, además, gratis. Sin estado de alarma por medio, ese simple gesto costaría unos 11 euros en concepto de derechos de enganche, solo se permitiría hace un cambio al año y tardaría bastante más tiempo.

Cada kilovatio contratado arriba o abajo se traduce en un coste de cinco euros al mes, sesenta al año.

Juan José Alba, director de regulación de Endesa, avanzó que en el mes que lleva en vigor esa medida se han acogido a ella 89.000 empresas, la mayoría pymes y autónomos.

El ministerio aprobó esa instrucción con la idea de que la agilización de los cambios de potencia se mantenga también cuando toque reabrir los negocios y los propietarios necesiten recuperar su capacidad de consumo de energía. Esos incrementos de potencia también serán gratis para los clientes y las distribuidoras tendrán que ejecutarlos con la misma prontitud. Antes de la aparición del coronavirus, tocar cada kilovatio de potencia adicional costaba 45 euros, en concepto de derechos de extensión y de acceso.

Alba subrayó que los cambios se estaban ejecutando según la nueva normativa, y que, además, los contadores digitales, que permiten la telegestión, hacen posible llevar a cabo esos trámites telemáticamente y con agilidad.

Acelerar inversiones

El director de regulación de Endesa fue uno de los ponentes en una jornada telemática organizada por la patronal eléctrica, Aelec, sobre el impacto del estado de alarma en el sector.

Una de las conclusiones del encuentro es que las principales compañías apuestan por acelerar las inversiones para avanzar en la transición energética y, al mismo tiempo, apoyar la recuperación económica que será preciso afrontar tras la crisis sanitaria. Así lo puso de manifiesto el propio Alba, así como Antonio Espinosa, de Iberdrola, quien subrayó que el sector puede contribuir a la reactivación económica acelerando inversiones, aunque para ello, precisó, es necesaria la implicación del ministerio para autorizar los proyectos y de las comunidades autónomas y los municipios para dar luz verde a las obras. Espinosa fue contundente al asegurar que «la generación renovable no se va a parar».

«La generación renovable no se va a parar»

Los ponentes también resaltaron que la digitalización de las redes eléctricas, especialmente los contadores inteligentes que lucen en el 98 % de los hogares españoles, ha facilitado la gestión de la crisis. El responsable de la distribuidora de Naturgy, Raúl Suárez, destacó que el 90 % de las actuaciones se puedan llevar a cabo ya en remoto en tiempo real gracias a esos dispositivos. Aunque recordó que hay «mucha inversión y mucho trabajo detrás».

Entre los años 2014 y 2018, las empresas distribuidoras llevaron a cabo el plan nacional de sustitución de contadores de la luz para preparar a hogares y empresas para la facturación del consumo real. Además de registrar ese valor, los aparatos permiten acometer de forma remota cambios de potencia, entre otros.

El teletrabajo, extendido

El negocio eléctrico es esencial y las compañías se vieron obligadas a tomar medidas para blindar los equipos contra el contagio y garantizar el suministro. Entre otras, el refuerzo de centros de control y la organización de equipos de mantenimiento y operación de centrales. El teletrabajo está extendido a entre el 70 y el 80 % de las plantillas.

Las empresas adquirieron equipos de protección, no sin dificultades.

El Gobierno desempolva el desarrollo de la eólica marina

El Ministerio para la Transición Ecológica sigue adelante con sus planes para convertir España en un país libre de emisiones dentro de 25 años. Con ese objetivo, acaba de abrir dos consultas públicas para dibujar las hojas de ruta para la implantación del biogás como combustible y el desarrollo de la eólica marina, toda una desconocida, pues solo en Canarias giran molinos de viento sustentados en el mar. En cambio, en el norte de Europa se está extendiendo como la pólvora.

Aunque los dos procesos estarán abiertos durante 15 días, el plazo para presentar contribuciones se encuentra suspendido hasta la finalización del estado de alarma.

La hoja de ruta del biogás servirá de guía para extender la producción y el uso de este biocombustible, que se obtiene fundamentalmente de los residuos ganaderos y agroindustriales, los lodos de las depuradoras de aguas residuales urbanas y la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos. Puede emplearse en distintos sectores económicos (especialmente, el de la movilidad, pero también en la generación eléctrica).

La hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar responde, según Transición Ecológica, al avance tecnológico que ha experimentado en los últimos años la tecnología, «que supone un importante vector de desarrollo para España, con una base sólida de empresas nacionales en la cadena de valor de eólica marina y, por extensión, de las restantes energías marinas».

Estos progresos, destaca el ministerio, facilitan el acceso a emplazamientos más alejados de la costa que antes eran inviables con niveles de capacidad muy elevados, superando las 4.000 horas equivalentes y favoreciendo, además, la utilización de nuevas tecnologías que permiten su despliegue con mayores garantías de protección ambiental.

Entre las cuestiones que plantea la consulta pública están la cadena de valor que puede aprovechar el ámbito industrial y tecnológico español; el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes, y aspectos sociales y medioambientales que deben tenerse en cuenta.

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