El 40 % de los operarios del sector están afectados por regulaciones de empleo
29 abr 2020 . Actualizado a las 00:11 h.La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime), con sede en Vigo, representa a unas seiscientas empresas de sectores como la automoción y el naval, que aportan a la comunidad 67.000 puestos de trabajo, el 38 % del empleo industrial gallego, detalló su secretario general, Enrique Mallón. Como el resto del tejido productivo, el negocio del metal está sufriendo en sus carnes el impacto económico provocado por el coronavirus. El 40 % de las compañías están funcionando con normalidad, pero el 47 % lo están haciendo con restricciones que afectan a su producción. Un 6,2 % están cerradas y otro 10 % operan bajo servicios mínimos.
De entre las que peor están llevando la crisis se encuentras las empresas que se mueven en el mercado de la automoción, y que no solo giran en torno a la factoría de PSA. Según datos facilitados por Mallón, el 36 % de las compañías asociadas a Asime han solicitado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que afectan a 28.000 operarios, o sea, al 42 % de la plantilla total del sector; pero el 70 % de ellos se mueven en el mundo del motor.
Casi el 60 % de esas peticiones han sido autorizadas y se están aplicando, pero el 40 % aún espera respuesta. Además, un 2 % de las solicitudes han sido denegadas. El secretario general de Asime explica que, concretamente, han recibido un no por respuesta siete empresas de la automoción, algo sorprendente al entender de Enrique Mallón, ya que se trata de firmas que han justificado el parón casi total de los fabricantes, pero que no se ha tenido en cuenta. En este sentido, la patronal del metal ha presentado alegaciones para que se rectifiquen las resoluciones.
Regulaciones de empleo aparte, la mayoría de las compañías se han buscado la vida para seguir adelante. Mallón ha puesto de manifiesto que menos de la mitad de ellas (un 46 % exactamente) han decidido no recurrir a los instrumentos de financiación que han puesto a disposición de las empresas el Gobierno central y el autonómico, «pero no porque no lo necesiten, sino porque no les parecen lo suficientemente interesantes los mecanismos». Mallón se refiere a que los créditos con aval del ICO llevan aparejadas «comisiones [bancarias] por todo», y que es obligatorio, por ejemplo, hacer un depósito en la entidad de un 2 % del préstamo que se solicita. «Este es un primer toque de atención, incidiremos más en este problema, necesitamos menos burocracia y menos comisiones para que sea una ayuda de verdad», subraya.
Las empresas reclaman facilidades de acceso a los créditos, pero también exenciones o moratorias en el pago de impuestos, más líneas de préstamos y extensión de los ERTE más allá del fin del estado de alarma.
Pero las compañías del metal también exigen más material de protección para los trabajadores, porque hay escasez de equipos de protección individual (EPI), denuncia Mallón. Asime ha adquirido 45.000 mascarillas y tiene encargadas 100.000 más para las próximas semanas.