El encaje de la renta mínima estatal con las autonómicas condiciona su puesta en marcha
ECONOMÍA
El Gobierno intenta no irritar a los partidos nacionalistas para atar su apoyo en el Congreso
20 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La puesta en marcha del ingreso mínimo vital (IMV) está encontrando más trabas técnicas que económicas o presupuestarias en el largo proceso de diseño y negociación que desarrolla el Gobierno. El escollo se encuentra ahora en las comunidades autónomas, muchas de las cuales ya cuentan con su propia renta mínima, programas de ayudas o subvenciones que condicionan su encaje con el ingreso que prepara el Estado.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, está abordando estos días con los gobiernos regionales cómo completar el puzle de ayudas para que la renta mínima conviva con la de cada una de las autonomías. «Es una prestación técnicamente muy compleja» en varios sentidos y la convivencia con las ayudas que ya existen «es uno de esos motivos», exponen en su departamento.
De ahí la necesidad de prolongar los plazos antes de activar la ayuda, apuntan esas mismas fuentes, aunque por ahora no les constan trabas por parte de los gobiernos autonómicos. El propio ministro ha aclarado que la renta estatal será «complementaria» y podrá convivir con las regionales, pero la forma en la que lo hagan, en la práctica, es la cuestión que tratan de aclarar desde el Ejecutivo, que no tiene una mayoría asegurada en el Congreso de los Diputados.
Con el PNV, al frente del Gobierno vasco y socio imprescindible en el Congreso para sacar cualquier medida adelante con sus seis diputados, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez tantea el terreno para evitar que una de sus medidas estrella pase por complicaciones en los primeros meses cuando se ponga en vigor y no choque, por ejemplo, con la RGI vasca. También tiene que negociar con la Generalitat de Cataluña, controlada en parte por otro de sus apoyos parlamentarios claves: ERC y sus 13 diputados. A este complejo laberinto autonómico se unen, por otra parte, las seis comunidades gobernadas por el PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia), cuyos presidentes suponen otro hándicap para el Ejecutivo al tener que abordar la renta mínima en un contexto económico y político como el actual.
