Ajustar cuentas con el fisco supone muchas veces un auténtico dolor de cabeza y discusiones que pueden acabar en los tribunales
19 abr 2020 . Actualizado a las 08:50 h.Basta con acercarse a un pequeño empresario para que, en una conversación sobre temas fiscales, reconozca que cada vez que recibe una carta de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) se echa a temblar porque nunca sabe lo que le pueden llegar a exigir. Tampoco es difícil encontrarse con un gran empresario que reconozca que tiene a dos o tres personas en plantilla trabajando para la Administración General del Estado, fundamentalmente para la Seguridad Social y para Hacienda. Y pocos son los contribuyentes que, con una declaración mínimamente complicada opten por cumplimentarla ellos solitos. Normalmente acuden a la AEAT con una cita previa, a un asesor fiscal o a un economista amigo. En definitiva, que tener que hacer las cuentas con Hacienda supone un verdadero dolor de cabeza que en muchísimas situaciones suele acabar en una discusión. En este pulso el fisco pierde más del 35 % de los casos en vía administrativa, y en la judicial en torno a un 30 % de los que llegan. Los porcentajes pueden dar el nivel de confianza que se puede tener en el ministerio que dirige María Jesús Montero, que es además la ministra portavoz en esta crisis del coronavirus a pesar de que, como decía mi compañero Laureano López, escucharla «es como asistir a la lectura de un trabalenguas».
Alguien puede pensar que en medio de esta crisis sanitaria global, Hacienda está relajada. Se equivoca, ante la debacle económica que se avecina, que a nadie le quepa la menor duda que la maquinaria de la inspección se pondrá en marcha nada más concluya el confinamiento iniciando procesos de comprobaciones y requerimientos con el objetivo de recaudar, recaudar y recaudar. Eso sí, como informaba Gabriel Lemos la semana pasada en La Voz los inspectores han pactado pluses por importe de 2.300 euros de media por seis horas extras al año.
¿Y ahora mismo qué están haciendo los trabajadores de la Agencia Tributaria?. Trabajando, con picardía. Porque a raíz de la declaración del estado de alarma se han impuesto algunas medidas que son dignas de análisis. José Antonio Madriñán Graña, inspector de Hacienda del Estado en excedencia y socio de Vales y Asociados se detiene en dos de ellas:
1.- La suspensión del cómputo del período de prescripción (4 años) durante el tiempo que dure la declaración del estado de alarma, de manera que este tiempo no se tenga en cuenta a efectos de computar dicho período de prescripción. «Esto significa, por ejemplo, que la facultad que tiene la Administración para comprobar el IRPF del 2015 no desaparecerá el 30 de junio próximo, que sería lo normal, sino que habrá que esperar unos días más; concretamente, los que dure el estado de alarma», explica.
A su juicio, cabría preguntarse si esta medida es razonable, cuando el personal de la Administración tributaria teletrabaja, lo que le permite, entre otras cosas, realizar labores de selección de contribuyentes para su comprobación a la luz de la exhaustiva información que consta en sus bases de datos. La respuesta, a su juicio, solo puede ser negativa. El inspector lo tiene claro: si el período que dure el estado de alarma no se debe tener en cuenta para computar el plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar y exigir las deudas tributarias a los contribuyentes, durante el mismo también debería prohibirse cualquier actividad administrativa, interna o externa, tendente a su comprobación. En otro caso, no se estaría suspendiendo el cómputo del período de prescripción, sino ampliándolo indebidamente.
2.- Similares consideraciones -explica- se podrían hacer en relación con la suspensión, mientras dure el estado de alarma, de los plazos de duración de los procedimientos de comprobación. Tal suspensión debiera exigir una absoluta prohibición de cualquier actividad administrativa, interna o externa, que impulse la comprobación, porque si no es así, y hasta la fecha no lo es, no es verdad que se hayan suspendido estos plazos, sino que realmente se han ampliado lo que dure el estado de alarma. Y, francamente, advierte el experto, ya son lo suficiente amplios para no requerir mayores extensiones. Nada más que decir.
