El atasco en el paro amenaza con dejar sin cobrar hasta junio a los afectados por un ERTE

La falta de personal en el SEPE ralentiza las prestaciones, mientras 800.000 autónomos cobrarán ya esta semana

De los más de 941.000 autónomos que ya han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, más de 780.000 recibirán el primer pago el próximo viernes, un mes después de la declaración del estado de alarma. Una prestación que, para el grueso del colectivo que cotiza por la base mínima, será exigua, de apenas 661 euros al mes, pero que al menos les exonerará de seguir pagando las cotizaciones a la Seguridad Social y les permitirá recuperar la cuota abonada por los días de marzo en el que su negocio ya estuvo cerrado.

Peor suerte corren los cerca de 3,5 millones de trabajadores que, a falta de datos definitivos, se estima que han sido incluidos en un ERTE por sus empresas. Y es que el atasco en la tramitación de los expedientes, pero sobre todo en el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, va a provocar que la mayoría sigan sin ingresos al menos hasta comienzos del mes que viene. Y eso si todo va bien, porque en el peor de los casos habrá parte de estos parados temporales que no cobrarán nada hasta junio.

En su comparecencia del pasado día 2, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que su departamento ya había reconocido el desempleo a 620.000 de estos trabajadores con el contrato suspendido o la jornada reducida. De acuerdo a la información publicada por el Servicio Público de Empleo (SEPE) en sus redes, el organismo está tramitando unas 80.000 prestaciones diarias, aunque con la ralentización de la Semana Santa (días en los que parte de la plantilla siguió trabajando, pero no toda), ese ritmo no sería suficiente para tramitar todas las nóminas antes de fin de mes, cuando se cierran los pagos que se cobrarán a inicios de mayo.

Desde la Xunta reclamaron ayer al Gobierno que informe de cuántas prestaciones se abonaron en marzo a los gallegos afectados por un ERTE y pidieron medidas para agilizar el cobro de las mismas, de forma que no haya que esperar al mes que viene para percibirlas, algo en lo que el Gobierno, por boca del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dijo que ya está trabajando. Aunque desde los sindicatos se apunta que parte del cuello de botella se produce en la propia tramitación de las regulaciones de empleo, desde la Consellería de Economía, Emprego e Industria niegan ese extremo destacando que, de los 33.189 ERTE presentados por las empresas gallegas hasta el lunes, 28.862 ya habían sido resueltos, y que de ellos menos del 1 % han sido rechazados.

Abogados consultados por este periódico reconocen que los expedientes presentados ante la autoridad laboral gallega han sido tramitados dentro del plazo ampliado de diez días fijado por la Administración autónoma, pero que en los que ya han sido aprobados todavía siguen a la espera de tener confirmación de la tramitación de las prestaciones por parte del SEPE. Un atasco que el sindicato CSIF atribuye a los problemas de plantilla en el servicio público de empleo, que se redujo en más de 1.100 personas durante la crisis, por lo que ahora hay solo 7.900 trabajadores en un servicio del que ahora dependen las economías de millones de familias y que está también diezmado por las bajas provocadas por el virus. De hecho, desde la central inciden en que todavía esperan la incorporación de los mil trabajadores interinos prometidos para reforzar el servicio.

Un préstamo de 13.380 millones para garantizar el pago de las pensiones 

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer la concesión de un préstamo del Estado a la Seguridad Social por importe de 13.380 millones, una inyección ya prevista y consignada en los Presupuestos Generales del Estado con la que se asegura el pago de las pensiones en los próximos meses, tanto las nóminas ordinarias como las extras, y que en este ejercicio servirá también para cubrir gastos provocados por la crisis del COVID-19.

Al blindaje presupuestario de las prestaciones de la Seguridad Social se sumó ayer el compromiso de un buen número de entidades financieras, que volverán a adelantar este mes el pago de las pensiones. CaixaBank lo hará hoy; el BBVA, el 21.

«Non me chegou nada e todo son gastos, non sei como vai ser isto»

A esta peluquera de Carballo no le salen las cuentas

x. ameixeiras

A Cristina Rodríguez, peluquera de Carballo, no le salen las cuentas y las esperanzas las tiene en cuarentena. Trabajó diez años en Compostela y en el 2013 abrió su establecimiento en Carballo. Le iba «de marabilla». Estaba contenta con el trabajo y con la clientela, pero el coronavirus le cerró el negocio. Opera ella sola, pero por temporadas contrata ayuda. Con el confinamiento le da vueltas a la situación. El 13 de marzo echó el cierre. No sabe aún si cobrará la prestación de autónomos porque la tiene pendiente de aprobación. «Non me chegou nada e todo son gastos. Non sei como vai ser isto», dice.

Lo peor es que pronto tendrá que ingresar 600 o 700 euros a Hacienda, a lo que ha de añadir la cuota de autónomos. La casera le perdonó la mitad del arrendamiento en marzo, pero el de abril igual tiene que abonarlo entero. La dueña del local también está sin trabajar en Suiza. «Non sei como vai ser o futuro», repite. «Unha ilusión de toda unha vida e veu isto. Ninguén contaba con ela», reflexiona. De continuar esta situación se puede ver en verano con una deuda en el negocio de unos 3.000 euros. Y tiene una hija de tres años y marido. Todo son preguntas y pocas respuestas. Cuando todo pase, además del lastre económico, duda de cómo recuperar la normalidad: «A ver como se traballa á distancia de seguridade, cos EPI e coas clientas a tres metros esperando». Cree que va ser un «caos». Lo ve «duro, moi duro». Y no piensa en ella sola. «Todo o mundo está igual», concluye.

«No dormí en toda la noche pensando cómo decir que había que ir a un ERTE»

Isabel Moure Sagasti, responsable de Aluminios Castro (A Coruña), se enteró el domingo por la noche de que el lunes ya no podían trabajar por disposición ministerial

Elena Silveira

El 30 de marzo, los ocho trabajadores de la empresa coruñesa Aluminios Castro se fueron a casa pensando que el 13 de abril podrían volver a trabajar como hasta entonces: con limitaciones, pero sacando adelante los encargos que tenían. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad publicó en el BOE del pasado domingo una disposición que limita la operatividad a muchas empresas del sector de la construcción. «Nos enteramos que no se podía trabajar en reformas de viviendas particulares el domingo a las doce de la noche. Me había gastado cerca de 150 euros para que todos los trabajadores tuvieran los epis homologados, con una ilusión tremenda por volver a estar activos, con las tareas ya distribuidas para el lunes... No dormí en toda la noche pensando en cómo les íbamos a decir a los empleados que había que ir a un ERTE».

Isabel Moure y José Antonio Castro explican que crearon esta pequeña empresa familiar hace más de 30 años y que la mayor parte de la gente lleva con ellos desde el principio. «Lloré mucho esa noche, porque somos un pequeña familia y nos estuvimos esforzando tanto para evitar el ERTE... Me costó mucho, pero el lunes por la mañana ya les dije a todos cuando llegaron a la nave que no se cambiaran de ropa, que no podíamos trabajar», explica Isabel. Dice que en el mes de abril dejarán de ingresar unos 50.000 euros por trabajos que tenían encargados. Siempre optimista, espera retomarlos una vez que se levante el estado de alarma. Pero la duda ronda su cabeza: «Cuando pase todo esto tendremos trabajo para mes y medio. En todo caso, el futuro es incierto ya que no hemos tenido nuevas llamadas para hacer presupuestos».

«Gracias a Dios que no tenemos hijos, y aún así no sé cómo vamos a resistir»

A estos dos emprendedores, mantener su bar les cuesta unos 5.000 euros al mes

maría hermida

Mónica Garrido y Juan Castiñeira están entre los miles de hosteleros autónomos a los que el coronavirus les puso la vida patas arriba. Regentan O Bioco, un bar en la zona monumental de Pontevedra y, cuando se impuso el cierre, trataron de reinventarse haciendo comidas para llevar. Pero reconocen que la actividad es mínima. «Más o menos sale una comida cada dos días», cuenta Mónica mientras prepara el único menú que servirá esa jornada.

Mónica explica que el revés económico al que se enfrentan ya les ha obligado a tomar decisiones importantes: «Consultamos lo de las ayudas, pero nos dijeron que como somos matrimonio, aunque estemos pagando dos cuotas de autónomos, solo nos darán 661 euros para los dos, no por cabeza. Ya vimos que con eso, que aún no recibimos, no íbamos a resistir y solicitamos un préstamo ICO, que nos vino aprobado. Pero el préstamo hay que pagarlo... y a saber en qué momento tenemos ingresos».

Mónica y Juan aluden a que cada principios de mes mantener el bar les cuesta unos 5.000 euros. La conclusión a la que llegan es triste: «Gracias a Dios que no tenemos hijos, y aún así no sé cómo vamos a resistir. Pedimos que se apoye a la hostelería, que lo haga también el Ayuntamiento, porque en la ciudad de Pontevedra es un sector clave».

«Os autónomos pagamos, pero non cobramos. A situación é grave»

Andrés Fernández, hostelero de Guitiriz, tiene su negocio cerrado tras haber aplicado un ERTE

xosé maría palacios

Andrés Fernández, hostelero de Guitiriz, tiene su negocio cerrado tras haber aplicado un ERTE. Como autónomo, no ha cobrado nada todavía de la prestación por cese de actividad. Además de de la falta de ingresos, se lamenta de la sensación de desinformación que le transmite la Administración. La única información que recibe y que no duda en definir como valiosa es la que le proporciona la asociación provincial de hosteleros.

«Nós pagamos, pero non traballamos, nin cobramos», dice. Con el negocio cerrado e inactivo, «a situación é grave». Las obligaciones tributarias se mantienen. La moratoria aprobada por el Gobierno no soluciona el problema, solo lo aplaza. «Para a hostalaría, é moi complicado», relfexiona sobre la situación en está sumido el sector.

A sus preocupaciones se añaden las incógnitas sobre regreso a la actividad. Barrunta que la hostelería será de los últimos sectores en retornar al trabajo. Y que, cuando lo haga, será en unas condiciones poco favorables, con limitaciones en el aforo. «A limitación nos bares é o peche dos bares», sentencia. Y recuerda también que bares y restaurantes cumplen una función casi social: por ejemplo, a su bar acuden a diario a comer personas mayores que estos días lamentan el cierre del local.

«Ni yo ni mis empleados hemos visto un solo céntimo. El colchón se acaba»

Antonio Celeiro es uno de los numerosos hosteleros de A Coruña que cuando se decretó el estado de alarma solicitó el cese de actividad y un ERTE

david garcía

Antonio Celeiro es uno de los numerosos hosteleros de A Coruña que cuando se decretó el estado de alarma solicitó el cese de actividad y un ERTE para sus siete empleados. En ninguno de los dos casos han visto todavía «ni un solo céntimo». «Hablo con muchos compañeros y estamos todos igual», afirma.

«Tengo unos ahorros y voy tirando de ellos, pero económicamente la solución tiene que empezar a llegar ya», señala sobre su caso y la prestación por cese de actividad. Aunque por el momento ha ido echando mano de las reservas que tenía, avisa que todo tiene su fin: «Yo tengo mis gastos y no estoy ingresando nada, el colchón se acaba».

Antonio indica que está esperando «impaciente a que paguen de una vez» no solo por su situación, sino también por sus empleados a quienes él ya abonó hace días la parte de los salarios que les correspondían del período del mes de marzo previo a tener que cerrar y solicitar el ERTE para toda la plantilla.

Mientras espera a que el Estado empiece a cumplir con su parte, Antonio piensa ya en cuando llegue el momento de la reapertura. «He solicitado un crédito ICO de 30.000 euros, porque una cosa es el colchón mío y otra el del restaurante. Ese crédito es para la empresa y, si no hace falta, pues se devuelve», dice.

El veto a las obras en edificios habitados amenaza con otra lluvia de ERTE

f. fernández

La patronal de la construcción calcula que hay 20.000 operarios afectados

A duras penas sabe uno en qué día vive, como para estar al tanto con exactitud de los sectores económicos que tienen vetada su actividad mientras dure el estado de alarma (de momento, hasta el día 26). Más difícil aún es hacer ese seguimiento cuando el Gobierno improvisó, hace dos semanas, la suspensión adicional de empresas y fábricas que desarrollan funciones que consideró no esenciales, pero que ya volvieron al trabajo este lunes pasado.

Capítulo aparte merece la construcción, pues, tras el parón de las dos últimas semanas, ha retomado la actividad a medias. Solo los obreros que participen en la ejecución de proyectos en los que no convivan con otras personas ajenas. Las reformas o rehabilitaciones en viviendas habitadas siguen paralizadas por el Gobierno para evitar contagios. Diego Vázquez, presidente de la Federación Gallega de la Construcción, explica que, de los casi 80.000 trabajadores del gremio en Galicia, siguen parados unos 20.000 por esa nueva instrucción del Ejecutivo, que, si no lo remedia antes, se prolongará hasta el fin del estado de alarma. «Estamos muy preocupados por ellos, porque muchos son autónomos», reconoce Vázquez, quien augura que lloverán ERTE en ese segmento.

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