Los sectores no esenciales volverán a la normalidad laboral tras Semana Santa
ECONOMÍA
Parados e inmigrantes podrán trabajar de temporeros en el campo hasta el 30 de junio
08 abr 2020 . Actualizado a las 08:40 h.La vuelta de estas atípicas vacaciones de Semana Santa será también la vuelta a la «normalidad laboral» para los trabajadores de los sectores considerados no esenciales, que desde el pasado 30 de marzo están obligados a quedarse en casa, en el último intento del Ejecutivo para contener los contagios del coronavirus. Así lo confirmó ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero, después de que el presidente del Gobierno lo avanzara este fin de semana: a diferencia de lo que ocurrirá con el estado de alarma, no habrá prórroga para el decreto que estableció el permiso retribuido recuperable para «hibernar» la economía.
El próximo lunes -o el martes para las comunidades en las que el 13 sea festivo- se retomará el trabajo presencial en las numerosas actividades productivas no esenciales que tuvieron que echar el cierre. Montero recordó que el permiso retribuido recuperable concluye hoy, en víspera de los festivos de Semana Santa, de modo que la «normalidad laboral» llegará la próxima semana. «Vamos con cautela y con prudencia», subrayó la portavoz, que calificó de «extraordinariamente efectiva» la «ventana de vacaciones» que se aprobó a través del permiso retribuido.
Insistió en que el reforzamiento de las medidas de aislamiento «está funcionando» y se está consiguiendo «estabilizar la pandemia, en términos sanitarios», por lo que agradeció el esfuerzo a empresas y trabajadores. No concretó, sin embargo, cómo se articulará el fin del confinamiento de la población y la reactivación completa de la actividad económica. Indicó que el Ejecutivo trabaja en «distintos escenarios» para la «desescalada» de las medidas -siempre al dictado de lo que recomiende «la evidencia técnica y científica»-, pero que dependerá de la evolución de los contagios y de que se rebaje la presión sobre las ucis.
La prioridad es que los trabajadores cumplan su función con «garantía de seguridad» y mantener bajo control la transmisión del virus, aseveró, pero no confirmó si será obligatorio el uso de mascarillas, que dependerá de lo que recomienden los «técnicos».
Sobre lo que se mostró contundente fue respecto a la postura de España ante la UE para afrontar las consecuencias de la pandemia: la mutualización de la deuda, a través de la emisión de coronabonos, es irrenunciable, pese a la cerril oposición de Estados como Alemania o los Países Bajos.
Alivio para el campo
El Consejo de Ministros también acordó flexibilizar la contratación de trabajadores en el campo para paliar la falta de temporeros -habitualmente inmigrantes que viajan desde sus países de origen, algo que ahora impide el coronavirus- para recoger las cosechas que comienzan. Por ello, de forma extraordinaria y hasta el 30 de junio, se permitirá contratar a desempleados e inmigrantes para dicha función. Según explicó el ministro de Agricultura, Luis Planas, a fin de limitar al máximo los desplazamientos, estos nuevos jornaleros deberán residir «en el mismo término municipal o colindantes».
Se beneficiarán de la medida todos los parados, perciban o no prestación o subsidio por desempleo (solo están excluidos los acogidos a ERTE o cese de actividad por el coronavirus), ya que podrán compatibilizarla. También los inmigrantes cuyo permiso de trabajo expire antes del 30 de junio, pues se prorrogará, y los jóvenes extranjeros -en situación regular- entre 18 y 21 años. Planas calcula que así se cubrirán las contrataciones necesarias: entre 75.000 y 80.000.
El Gobierno vigilará que la banca no abuse en la línea de avales del ICO
Todos los ojos están puestos sobre las entidades financieras y el modo en que están comercializando el primer tramo (20.000 millones de euros) de la línea de créditos avalados por el Estado para dar liquidez a las empresas y autónomos asfixiados por la crisis sanitaria. Tipos excesivos o la obligación de contratar seguros son algunas de las malas prácticas detectadas en relación con estos préstamos -con aval público de hasta el 80 %- y que, sumadas a la mala reputación que el sector arrastra de la crisis anterior, ha hecho que tanto el Gobierno como el Banco de España o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hayan advertido de que vigilarán para evitar abusos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno señaló que, tras tener conocimiento de la exigencia de condiciones añadidas por algunas entidades para conceder estos préstamos, le habían «recordado» al sector que dicha liquidez era «para la totalidad del sector productivo y sin ningún tipo de condicionalidad». «Y estamos haciendo un seguimiento para que se respete», aseveró Montero.
Sobre la ampliación del primer tramo de los 100.000 millones que movilizarán, la ministra señaló que el Gobierno aún no tiene datos de cuánto se ha dispuesto ya ni de si se necesita «reponer». «Cuando las entidades financieras nos devuelvan esa información, estaremos en condiciones de ajustar, si es que es necesario, algunos de los elementos, porque nuestra idea es que llegue al último rincón de nuestro tejido productivo», aseguró.