Las pymes gallegas apenas perdieron el 2 % de los ingresos por ventas sin cobrar antes de la pandemia

Galicia es la comunidad, con Madrid y Cataluña, donde más cobran por anticipado


Redacción / La Voz

Los problemas de liquidez se han convertido en una de las principales amenazas de las pymes españolas como consecuencia de la crisis sanitaria. De la noche a la mañana, el segmento productivo que ejercía de pulmón para la economía del país transita de la solvencia a la asfixia financiera con la incertidumbre de cuántas pequeñas y medianas empresas se van a quedar por el camino cuando se recobre la actividad. Pero el panorama era bien distinto hasta que todo estalló.

Las pymes eran, y seguirán siendo, uno de los principales motores económicos de España y especialmente de Galicia una vez se retome la normalidad. Hasta la llegada de la pandemia, en el conjunto del país, el 99,2 % de las compañías tenían menos de 50 empleados, según datos del Directorio Central de Empresas del INE; sobrepasaban el 63 % del valor añadido bruto a la economía; y creaban tres de cada cuatro empleos, o lo que es lo mismo, el 70 % de la fuerza laboral. Una radiografía que evidencia cuál es el sostén de la economía del país, por los recursos que genera, los puestos de trabajo que crea y, sobre todo, la fuerte capacidad de aguantar ante situaciones de dificultad. Y es en este momento cuando las pymes volverán a ponerse a prueba ante el incierto desequilibrio económico que se abre, después de la recesión del 2008, con la pandemia del coronavirus.

Pero hasta entonces, era diferencial. La fortaleza y la solvencia de las pymes situaban a España como el país europeo en el que menos empresas solicitaron el dinero de sus ventas por adelantado para evitar impagos, según el Informe Europeo de Pagos de Intrum correspondientes al 2019, referente en prevención y gestión de impagos. Solo el 19 % de las compañías españolas recurrieron a esta medida para no tener facturas pendientes en el cajón, una cifra 20 puntos por debajo del promedio europeo (39 %), con Serbia y República Checa a la cabeza, de acuerdo con el balance de las 150.000 encuestas realizadas a otras tantas sociedades en 29 países europeos, precisa el informe.

Una posición que contrasta con las dificultades que arrastra este segmento productivo. A la complejidad de la burocracia administrativa se unen los problemas para acceder a una financiación flexible y ágil. De ahí que en una buena parte de los casos las facturas pendientes de cobro pueden ocasionar tensiones de liquidez que llegan a afectar a la actividad diaria de la empresa, porque genera incertidumbre en ingresos e inversiones. 

Comportamiento diferencial

Pero el comportamiento medio en el conjunto de España sobre la gestión de impagos no se mide por igual si se baja al dato por comunidades autónomas. Madrid, Galicia y Cataluña, por este orden, han sido las que han perdido menos de un 2 % de sus ingresos anuales por deudas incobrables. Son las que menos arriesgan a la hora de quedarse con facturas sin cobrar.

La razón radica en que las empresas asentadas en sus territorios son las que más han recurrido, según Intrum, a la solicitud de pago por adelantado entre las diferentes autonomías. Las compañías de Madrid son las más partidarias de utilizar esta herramienta preventiva: el 28 % recurre al anticipo para mantener a salvo sus cuentas, seguidas de las gallegas (25 %) y las catalanas (24 %). En el extremo opuestos se encuentra Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, en las que solo el 10 % de sus sociedades requiere a sus clientes el pago de una parte de la factura por sus servicios.

El principal argumento que sostendría este posicionamiento es que se trata de las tres regiones con mayor implantación de pymes en sus territorios y que la falta de liquidez es un problema que afecta al 83 % de las pequeñas y medianas empresas. 

Garantías por adelantado

Fuentes del sector consultadas coinciden en señalar que el uso de este mecanismo «permite ganar liquidez y recuperar cuanto antes los costes», además de fortalecer sus balances porque contribuye a reducir el ratio de endeudamiento. Son dueñas de sus propias decisiones sin destinar recursos a la gestión de cobros o anticipar con fondos propios la marcha de la actividad.

De la solvencia a la demanda de liquidez en esta crisis 

La pandemia ha dado un vuelco a la economía, sin precedentes de referencia. Entre los principales problemas a los que se enfrentan las empresas -especialmente las pymes- aparejados al frenazo en la actividad destaca precisamente la ausencia de liquidez.

En este sentido, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las administraciones públicas y de las empresas con balances saneados y capacidad de financiación para que se sumen a la campaña de agilización de pago a proveedores y mejorar así la liquidez de pymes y autónomos ante el impacto de la crisis.

Al sector público, el colectivo que agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, y que en conjunto representan a cerca de un millón de empresas, solicita la inyección de los 14.000 millones de euros pendientes de pago por las distintas administraciones que «no tendría coste ni riesgo de impagos para las arcas públicas, pero sí un efecto muy positivo e inmediato para el tejido empresarial». En opinión de esta plataforma, «la economía es una asociación de flujos encadenados que no podemos parar, por lo que es fundamental inyectar liquidez. Cualquier corte en esta cadena significa el cierre y la desaparición de la parte que se queda sin fondos».

En este sentido, apuesta porque las entidades públicas se aseguren de que «los contratistas pagan a su vez a los subcontratistas manteniendo la liquidez a lo largo de todo el ciclo de compras públicas».

En el caso de Galicia, según cálculos de la Plataforma, «solo el pago de las facturas del mes en curso y las pendientes de pago de meses anteriores, supondría una inyección de liquidez en la economía regional de más de 527 millones de euros».

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Las pymes gallegas apenas perdieron el 2 % de los ingresos por ventas sin cobrar antes de la pandemia