Más de 100.000 autónomos cesarán su actividad en Galicia

Hay ya en curso más de 59.000 solicitudes de la prestación, pero el 40 % no puede acreditar las pérdidas


vigo / la voz

El colectivo de trabajadores autónomos ha resistido con pocas bajas al primer impacto de la crisis del coronavirus. Los datos de empleo publicados por el Ministerio de Trabajo reflejan que los afiliados han disminuido respecto a febrero en 5.380 personas, lo que, dentro de un colectivo de 3,2 millones de ocupados, representa un descenso del 0,2 %. Sensiblemente inferior a la media de afiliados a la Seguridad Social, cuyo retroceso ha sido del 1,3 % en la media del mes.

Una de las explicaciones que ha argumentado la Seguridad Social al respecto es la amplia acogida de este colectivo a la prestación especial por cese de actividad. Esta medida, que consiste en una especie de paro de los autónomos, ha sido solicitada (que no concedida) por 500.000 trabajadores por cuenta propia, 59.000 de ellos en una primera oleada en Galicia, según datos de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA).

Esta organización ha realizado el cálculo aproximado de las personas trabajadoras autónomas que se podrán acoger al cese de actividad por cierre forzoso y superan las 100.000, de los 208.000 afiliados registrados en Galicia al cierre de marzo.

Pero no todos los que solicitan la prestación podrán percibirla. Serán alrededor de un 60 % los que podrán acreditar el cese por pérdidas de facturación igual o superior al 75 %, mientras que, según UPTA, serán miles los trabajadores por cuenta propia que no podrán justificar la suma perdida en el mes de marzo, y se quedarán al margen de esta ayuda. El real decreto aprobado por el Gobierno el pasado 17 de marzo establece que el trabajador que solicite dicha prestación recibirá el 70 % de la base reguladora por la que estuviera cotizando. Es decir, para un afiliado al RETA que estuviera cotizando por la base mínima (casi 9 de cada 10 autónomos gallegos lo hacen), la prestación por cese de actividad sería de 660,8 euros mensuales.

Por ello, UPTA, entre otras grandes demandas, sigue insistiendo en que se rebaje la acreditación de minoración de facturación del 75 %.

Pero en la carta que esta organización envió al Gobierno este viernes hay más demandas. Dice Eduardo Abad, el secretario general de esta agrupación, que una de las mayores preocupaciones del colectivo es acometer el pago de los alquileres de los establecimientos en los que ejercen su actividad. «Por eso esta es una de las medidas que deben contemplarse de forma indiscutible. No entendemos que el vicepresidente considere a los autónomos colectivo en situación de vulnerabilidad, y luego no haya incluido los alquileres de los locales afectos a la actividad de negocio en la medida aprobada en el real decreto», afirma Abad.

El virus arrasa el tejido empresarial

La Voz

Son las otras víctimas de la pandemia que tiene de rodillas al mundo. Integran las otras cifras del parte de guerra que cada día estremece al país. Los cadáveres que el COVID-19 está dejando a su paso en el tejido productivo español. Engordan las listas del paro, sí. En la medida que aumenta el número de empresas que se quedan por el camino. Microempresas y autónomos con asalariados, en su mayoría. Los más fragiles. Ellos están siendo los primeros en caer

La lista de damnificados por la pandemia en el plano laboral es otro de los grandes dramas de esta crisis. Otra de las cifras del parte de guerra que cada jornada estremece al país. En los primeros 20 días de emergencia sanitaria se perdieron casi 900.000 empleos. Solo en Galicia fueron 36.000 las personas que se quedaron sin trabajo. Y eso sin contar con los que han sido incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo por sus empresas. Ellas, las empresas, representan la otra cara de esa moneda. Un tejido productivo -amenazado de muerte, en muchos casos- que está siendo arrasado por el ciclón.

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