Así es la coraza extra para los consumidores

f. f. REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Jesús Hellín

El Gobierno despliega escudos adicionales de protección para blindar los servicios básicos: ampliar el bono social de la luz le costará a las eléctricas 23 millones más

04 abr 2020 . Actualizado a las 10:12 h.

El Gobierno ha desplegado temporalmente corazas extra sobre los consumidores, domésticos o no, para sobrellevar una economía aletargada por el estado de alarma. Las principales, la prohibición de interrumpir el suministro de agua, luz y gas en la vivienda habitual de las familias mientras dure la crisis; y la ampliación del límite de renta para abrir a los autónomos que se queden estas semanas en el paro el descuento mínimo del 25 % en el recibo eléctrico al que da derecho el bono social.

Estas medidas tendrá su coste. Aunque el Ministerio para la Transición Ecológica no quiere oír hablar de dinero -lo primero es lo primero, o sea, salir al rescate de los que lo necesitan, argumentan-, sí lo hace la memoria de impacto económico del decreto ley del 31 de marzo con medidas adicionales de protección y acompañamiento para garantizar los suministros.

Según ese documento, al que ha tenido acceso Europa Press, ampliar el bono social costará 23 millones de euros, que asumirán las comercializadoras de electricidad, que son las que, a regañadientes y por imposición, financian ese mecanismo de auxilio a las familias vulnerables. El Gobierno estima ese coste suponiendo que disfruten del bono social medio millón de hogares más durante seis meses (es el plazo máximo de aplicación de esa medida).

Las compañías aportan ya anualmente unos 200 millones para el bono social de 1,3 millones de beneficiarios de los descuentos en la factura eléctrica. El reparto por empresa lo efectúa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en proporción a su cuota total de clientes. Por eso, el 90 % del presupuesto recae sobre las cinco grandes: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol (esta última adquirió los activos de comercialización eléctrica de Viesgo).

Pero hay un detalle importante que los autónomos en paro deben tener en cuenta para que se les conceda esa rebaja en el recibo: tienen que tener un contrato de suministro en el mercado regulado. Así que si no lo tienen, primero tendrán que cambiarse y luego solicitar el bono. ¿Cómo? A través de las comercializadoras de referencia (las cinco citadas).

En relación a la prohibición de los cortes de suministro, el Gobierno se pone en lo peor y toma como referencia lo sucedido en la última gran crisis económica. Entre los años 2011 y 2013 se suspendieron por impago unos 100.000 suministros eléctricos al mes (1,2 millones anuales), de los cuales el 90 % se estima que fueron del segmento doméstico.

El Gobierno no condona esas deudas que desencadenaron los expedientes de cortes de suministro, pero sí prohíbe que se resuelvan ahora y, además, decreta que quedan en suspenso los plazos de los procedimientos iniciados con anterioridad al estado de alarma. Para ejecutar un corte media un período de cuatro meses desde la primera notificación. Eso para los clientes de mercado regulado por el Gobierno. Para los demás, dos meses.

Otra de las medidas provisionales puestas en marcha por el Ejecutivo es la flexibilización de contratos para que las empresas puedan reducir potencia contratada y pagar menos en la factura. Las compañías tienen que hacerlo gratis y en cinco días desde que reciben la solicitud. Cuando retomen la actividad podrán recuperar la potencia con la misma rapidez.