El aluvión de ERTE obliga a la Xunta a ampliar a 10 días el plazo para resolverlos
ECONOMÍA
Los ajustes por fuerza mayor que están siendo rechazados tendrán que reiniciar el proceso alegando causas económicas
03 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Pasadas dos semanas desde que el Gobierno flexibilizara, vía decreto, las condiciones para que empresas y autónomos pudieran realizar ajustes de empleo durante la emergencia sanitaria y que así el bofetón económico del coronavirus fuera menos doloroso, la avalancha de solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha desbordado a la Administración. La Consellería de Economía, Emprego e Industria contabilizaba este jueves casi 30.000 solicitudes, en concreto 29.839 y un total de 156.281 trabajadores afectados, todo un tsunami laboral que ha obligado a la Xunta a ampliar a 10 días el plazo máximo para tramitar los expedientes, que el decreto del Gobierno central había fijado en 5.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicaba ayer la orden de la consellería en la que se dobla dicho plazo máximo de resolución y notificación de los ERTE desencadenados por la epidemia del COVID-19. La Xunta no ha sido la única, ya que otros territorios como Asturias, Castilla y León, Aragón o la Comunidad Valenciana ha hecho lo mismo.
«Imposible» resolver en plazo
Fechado el martes, 31 de marzo, pero publicada ayer, el texto explica que el volumen de las solicitudes ya presentadas, pero sobre todo «daquelas que, indefectiblemente, se van a presentar no futuro», hacen «imposible» resolverlas en plazo, incluso pese a que se estén utilizando «todos os medios personais e materiais», tanto presenciales como en teletrabajo, de los que dispone la Secretaría Xeral de Emprego y las delegaciones territoriales de la consellería.
Aunque la normativa del Gobierno admite el silencio administrativo para que el servicio público de empleo estatal (SEPE) tramite sin demora el cobro del paro por parte de los trabajadores afectados por los ERTE, desde Emprego ponen el foco en la inseguridad jurídica que ello supone, y que -insisten- es lo que la ampliación del plazo quiere eliminar. «Si en lugar de 5 días tenemos 10 para revisarlo todo, habrá menos silencios administrativos y más resoluciones finales, lo que se traduce en seguridad para la empresa», explican fuentes de la consellería.
Y es que esa una de las quejas recurrentes de los bufetes especializados. «De las solicitudes de ERTE que he presentado no se ha cumplido ni un plazo», explica Sandra Cid, abogada del despacho vigués que lleva su nombre, lamentándose, al igual que la directora de la santiaguesa Ausum Consultoría, Alicia Lorenzo, de que tanta inseguridad jurídica complica hasta el extremo la asesoría a los clientes.
«La gente está muy nerviosa y, aunque tratas de tranquilizarla, es difícil mantener la calma ante una situación económicamente tan delicada y sujeta a tan poco precisa y cambiante normativa», abunda Catarina Capeans, de Vento Abogados y Asesores; y lo corrobora Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados: «El estrés que genera en los despachos y asesorías es enorme por la intranquilidad de si habrás hecho las cosas bien en la tramitación».
El miedo de expertos y empresas está justificado, ya que si finalmente la autoridad laboral tumba un ajuste temporal de empleo inicialmente tramitado por fuerza mayor debido al coronavirus, la compañía o el emprendedor con trabajadores a cargo se verían obligados a devolver la exención de las cuotas de la Seguridad Social de la que se beneficiaron, amén de sanciones. También tendrían que tramitar nuevamente el ajuste de plantilla que precisan, aunque por la vía de alegar causas económicas, organizativas o de producción, una fórmula más gravosa y lenta.
Para evitar todo lo anterior, la consellería considera «obligado» que se examine y constate la existencia, «caso por caso», de la fuerza mayor que alegan las empresas, requiriendo la corrección de deficiencias de la documentación aportada y la acreditación de dicha fuerza mayor, «para evitar que se poidan producir autorizacións non axustadas á legalidade vixente en prexuízo das persoas traballadoras e do interese público».
¿Y los ERTE rechazados?
Al decreto de flexibilización le siguió el temor de que pudiera convertirse en un coladero para ajustes ajenos a la crisis sanitaria. ¿Está ocurriendo? La respuesta de Xunta y ministerio es que no. Coinciden en que, si bien hay un número de expedientes tramitados por fuerza mayor que no autorizan o lo hacen solo parcialmente, «el porcentaje es pequeño». No dan cifras.
Los abogados confirman que la mayoría de los ERTE presentados por fuerza mayor, directa o indirectamente, están recibiendo resoluciones favorables, pero que también los hay que no prosperan. «Nos acaba de llegar uno, dictado en Lugo, con una autorización parcial», señalaba ayer uno de los despachos consultados. No es un caso único.
¿Qué hacer ante un rechazo? El revés es importante, ya que -descartado recurrirlo vía judicial- obliga a iniciar la tramitación desde cero, con plazos de negociación más largos con los trabajadores. Asimismo, los de fuerza mayor permiten a la empresa ahorrarse no solo los salarios, sino también las cotizaciones sociales y, a diferencia de los ajustes por causas económicas, tienen efecto retroactivo y tramitación exprés. Las ventajas para los trabajadores son idénticas, pero el retraso haría que no cobraran el paro hasta mayo.
