La industria no esencial ya no tiene que parar del todo, pero casi

La ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoce que «la industria electrointensiva no se puede parar». Y no tendrá que hacerlo, al menos, no del todo. Porque el Gobierno permite a estas industrias, que cuentan con hornos de fundición que no pueden apagarse del todo sin que sufran daños cuando se vuelvan a rearrancar, que sigan funcionando, aunque bajo mínimos, lo suficiente para que los equipos no se dañen. Calviño apeló al artículo cuatro del real decreto que extiende las medidas de confinamiento a las actividades económicas no esenciales. Dice así: las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en este artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en festivos.

Calviño precisó que ese artículo da flexibilidad a las compañías. De hecho, aseguró que son las empresas y los trabajadores ahora los que deben organizarse y establecer qué turnos y cuántos empleados son precisos para mantener esa actividad mínima y, al mismo, reducir la movilidad de personas, que es el objetivo del real decreto.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, precisó que «todas las industrias [no esenciales], también las siderúrgicas, tienen que reducir su actividad a la mínima imprescindible». 

De este modo, el Gobierno arroja algo de luz entre el sector industrial, especialmente, entre siderúrgicas y electrointensivas, que no tenían claro si tenían o no que cerrar ya. De hecho, las fábricas de las siderúrgicas Megasa y Celsa lo hicieron el lunes, mientras que la de Ferroatlántica en Arteixo sigue en operación, lo mismo que las de Cee y Dumbría, que pertenecían a ese mismo grupo, pero que ahora se denominan XEAL tras su venta a un fondo de inversión estadounidense.

En el caso de Ferroatlántica, la empresa se acoge al capítulo cinco del real decreto, y que permite operar a la industria manufacturera y a su cadena de suministro para el correcto desarrollo de las actividades esenciales. Alcoa también funciona con normalidad después el Gobierno reconociese la fabricación del aluminio como imprescindible.

Lo cierto es que, pese a las aclaraciones del Gobierno, sigue reinando el caos. Pues la Delegación del Gobierno en Asturias elaboró, a instancias del Principado, un listado de sectores y empresas que considera esenciales y que, por tanto, no tienen que parar. Entre ellas están ArcelorMittal, Glencore, Asturiana de Zinc, Alu Ibérica y Aleastur. Víctor Ledo, de CC.OO, califica estas distinciones territoriales como todo un escándalo.

Presiones desde el País Vasco

Desde el Gobierno vasco también desplegaron todas sus dotes (y sus valiosos apoyos en el Congreso) para presionar al Ejecutivo central en aras de minimizar los cierres de industrias. Su portavoz, Josu Erkoreka, ha reconocido que estaban manteniendo una «línea caliente de comunicación» para intentar aplicar con cierta «flexibilidad» las medidas.

La Xunta no se quedó de brazos cruzados, como tampoco las empresas, que negociaron hasta el último minuto con el Ministerio de Industria para flexibilizar el real decreto.

La Consellería de Industria también pidió al ministerio que aclarase qué empresas son esenciales y cuáles no, sin éxito. «É un agravio territorial», resumió el conselleiro, Francisco Conde.

Feijoo: «Medidas de este calado no pueden generar tantas dudas, son precisas concreción y claridad»

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, deseó que ese listado que circula por Asturias lo hiciese también por toda España para acabar con el «desconcierto» de algunas compañías. Y es que «medidas de este calado no pueden generar tantas dudas, son precisas concreción y claridad».

Feijoo explicó que la Xunta se ofreció a revisar antes el borrador de real decreto que ampliaba los cierres industriales, pero que no tuvieron respuesta, y consideró que las comunidades autónomas deberían haber sido consultadas. «Intentamos ser comprensivos, pero también creo que cuando uno dicta un decreto hay que trabajarlo antes y saber lo que se quiere hacer y cómo», zanjó.