Los ERTE solo durarán lo que dure el estado de alarma

Los despidos ligados al coronavirus serán improcedentes y se indemnizarán con 33 días

Mercado laboral, una oficina de empleo cerrada por la crisis sanitaria
Mercado laboral, una oficina de empleo cerrada por la crisis sanitaria

Redacción / La Voz

 Que «esta crisis sea un paréntesis y no erosione en profundidad la economía». Esa el la idea, dice el Ejecutivo, que rige sus decisiones en materia laboral para paliar los efectos del duro golpe que el coronavirus está asestando al empleo a todo lo largo y ancho del país. Por eso ha prohibido por decreto, y temporalmente, hasta que acabe esta pesadilla, los despidos por fuerza mayor o causas objetivas de carácter económico, técnico, organizativas o de producción, que se justifiquen por el impacto del coronavirus. Aunque en realidad, más que prohibirlos, los encarece.

Y es que, a esos despidos que ahora se persiguen —el decreto se publicó este sábado en el BOE— les corresponde habitualmente una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope de una anualidad. Siempre que el juez los estime procedentes, claro. Si no, son 33 días y dos anualidades. Con el decreto en la mano, a partir de ahora (la medida no tiene efectos retroactivos), y mientras dure la crisis, serán considerados improcedentes. Y, por lo tanto, más caros. Aunque la última palabra, eso sí, la siguen teniendo los tribunales.

Para prohibirlos realmente, el Gobierno tendría que haber establecido que se considerarían nulos.

  

El despido, deja claro el Ejecutivo con su decreto, no es el camino. Para eso están los ERTE, como señaló el viernes la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz. Que, además, se han agilizado al máximo. Se aprueban en un plazo récord. Pero, ojo, que cuando todo esto acabe, y haya tiempo, se van a revisar con lupa. Y habrá sanciones para los empresarios que no se hayan ajustado a la legalidad.

Tampoco se pueden extinguir los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad vigentes en una empresa que se acoja a un ERTE con motivo de la epidemia. Se interrumpen, para reanudarse más adelante, alargando, en la práctica, su duración.

Y eso no es todo. Porque también se ponen límites a las regulaciones de empleo exprés. Empezando por su duración. El decreto lo deja muy claro: los expedientes de regulación temporal de empleo aprobados al amparo de la pandemia tienen fecha de caducidad: «No podrán extenderse más allá en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 [...] su duración máxima será la del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo». Y sus posibles ampliciones, si las hubiera. Y eso rige tanto para los que tengan resolución expresa como para los que queden resueltos por silencio administrativo.

Para los centros sanitarios, públicos o privados, los expedientes quedan vetados. Han de seguir funcionando a pleno rendimiento.

Desde el pasado 17 de marzo, cuando el Gobierno aprobó un primer paquete de medidas para paliar el impacto económico de la pandemia, en España se han presentado más de 210.000 ERTE con más de un millón de trabajadores afectados. En el caso de Galicia, el número de expedientes va camino de 24.000 , con casi 125.000 empleos en el aire.

Por lo demás, sabido es que nunca llueve a gusto de todos. Tampoco, e incluso menos, cuando de economía y empleo se trata. Así, mientras que los sindicatos celebran que el Ejecutivo haya dado estos pasos adelante, los empresarios se muestran indignados porque consideran que las medidas, sobre todo la del encarecimiento de los despidos «solo empeorarán» la situación. Creen estos últimos que es todo un señor palo en la rueda de las empresas.

El Gobierno prohíbe por ley los despidos por causas objetivas durante la crisis del coronavirus

Gabriel Lemos / S. Cabrero

La ministra de Trabajo asegura que revisarán de oficio todos los ERTE que se están aprobando estos días y, en caso de observar algún tipo de fraude, se obligará a las empresas a devolver «hasta el último céntimo de euro»

«Nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria para despedir», así de categórica se mostró la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. Tal y como aseguró la titular de la cartera de empleo, las empresas no podrán despedir alegando para ello las pérdidas o la caída de la actividad provocada por el confinamiento al que ha obligado la expansión del coronavirus. Así lo acordó este viernes el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria en la que se ampliaron las medidas para tratar de contener la enorme crisis económica que dejará tras de sí la pandemia. Estos son todas las claves del decreto aprobado ayer y cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado todavía está pendiente.

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