La Xunta rompe una lanza por el carbón como garante del suministro eléctrico

Alega al plan nacional de energía y clima que la central de As Pontes debe continuar hasta el 2030, aunque sea quemando una mezcla con biocombustibles


redacción / la voz

La lucha titánica contra el coronavirus ha dejado en barbecho la tramitación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), una especie de hoja de ruta para alcanzar el paraíso terrenal con la descarbonización de la economía, aunque no total, a lo largo de nueve años, entre el 2021 y el 2030. El Ministerio para la Transición Ecológica abrió un período de información pública del estudio ambiental del segundo borrador (que incluye recomendaciones de la Comisión Europea) del PNEIC, que debía finalizar el 25 de marzo, o sea, el miércoles pasado. Sin embargo, «la fecha de fin de la presente consulta pública se suspende» tras la declaración del estado de alarma, explica el ministerio.

Pero la Consellería de Industria ha remitido ya sus alegaciones al documento. Este marca unos objetivos de desarrollo progresivo de nueva potencia renovable, consagra la desaparición de las centrales de carbón y solo se permite la licencia de preservar las de ciclo combinado (gas natural) como único vestigio, dentro de diez años, de los combustibles fósiles y, por tanto, contaminantes, en aras de la seguridad de suministro. Concretamente, prevé para el 2030 una potencia eléctrica de 161 gigavatios (frente a los 105 actuales). De ellos, 50 serán de eólica (casi dos veces más que ahora y que incluye la marina); 39 de solar fotovoltaica (se multiplicaría por cinco); 27 de ciclos combinados (los mismos que ahora); 15 de hidráulica (sin apenas variación); y tres de nuclear (un 60 % menos).

Con este plan, el sector eléctrico contaminará un 72 % menos que en el 2017, según la previsión del PNEIC.

Bien, pues la Xunta destaca la necesidad de descarbonizar la economía, el avance de las energías renovables y la eficiencia energética, pero «siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad energética ni comprometan la competitividad de los diversos sistemas productivos».

Fundamentalmente, la Administración autonómica no está muy de acuerdo con el recorte que experimenta la cogeneración, de un 30 % entre el 2020 y el 2030. La Xunta recuerda que esa tecnología -con plantas de gas, gasoil y fuel- «está asociada a la industria calorintensiva y que la ayuda a ser más competitiva, reduciendo los costes energéticos, las emisiones y las pérdidas eléctricas del sistema al acercar la generación a la demanda».

Es necesario seguir manteniendo un parque de generación de electricidad diversificado que garantice la seguridad del suministro y en el que todas las energías estén presentes de manera equilibrada

El fin del carbón tampoco es la panacea para la Xunta, sobre todo por el impacto económico que tendrá para las comarcas afectadas, As Pontes y Cerceda. La Consellería de Industria considera que el Gobierno «debe abrir una ventana de oportunidad para que alguna de las centrales térmicas de carbón que han realizado las inversiones necesarias para adaptarse a las exigencias de la directiva de emisiones industriales para reducir sus emisiones puedan seguir operando en la modalidad de cocombustión». Se refiere a la planta de Endesa en As Pontes. La Xunta defiende su continuidad aunque sea sustituyendo el mineral por mezclas de biocombustibles autóctonos y carbón o incluso biocombustibles y gas, con emisiones «similares en el caso del carbón o incluso muy inferiores en el del gas, a las de los ciclos combinados y más competitivas en costes».

Industria reflexiona que «es necesario seguir manteniendo un parque de generación de electricidad diversificado que garantice la seguridad del suministro y en el que todas las energías estén presentes de manera equilibrada». Y es que, añade, «el cierre definitivo del carbón implicaría sustituir su producción por las actuales centrales de ciclo combinado, que tienen costes energéticos más altos, por lo que el precio del gas sería mucho más determinante para la fijación del precio de la electricidad, al tiempo que trasladaría la vulnerabilidad del sistema gasista al eléctrico, tanto ante posibles subidas de precios o, en casos extremos, de falta de suministro de gas».

Reclama figuras administrativas para tramitar proyectos de forma más ágil

En las alegaciones remitidas al Ministerio para la Transición Ecológica, la Consellería de Industria le reprocha que no hubiera acordado antes con las autonomías las necesidades de cada territorio. Le recuerda que «las comunidades tienen competencias energéticas, y entre ellas, el desarrollo de las energías renovables en su ámbito territorial, por lo que deben participar activamente en el desarrollo del Marco Estratégico de Energía y Clima a través de la Conferencia Sectorial de Energía.

También echa de menos la Xunta en el plan unos estudios de prospectiva energética «serios y realistas que definan escenarios energéticos, económicos, ambientales y tecnológicos previos a cualquier decisión de tal envergadura, puesto que lograr los objetivos fijados va a depender, entre otros factores, de la evolución tecnológica y de la evolución económica del país».

La Xunta reclama también «nuevas figuras administrativas que permitan una tramitación ágil» de los proyectos de nuevos parques porque «no es realista establecer estos nuevos objetivos con los viejos procedimientos administrativos».

Fondo de Eficiencia Energética

Mientras, las principales compañías energéticas aportarán este año 206,9 millones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Repsol lo financiará con 41 millones; Endesa, con 27,4; Cepsa, algo más de 23; Naturgy, unos 22; e Iberdrola, 16, entre otras. Así lo establece una orden del Ministerio para la Transición Ecológica, que fija también el objetivo de ahorro en 3.046,51 gigavatios hora. Con ese dinero se fomentan medidas de eficiencia entre consumidores e industrias.

Endesa anuncia el cierre de la térmica de As Pontes para la segunda mitad del próximo año

Beatriz Couce

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Endesa ya tiene fecha para apagar el interruptor de su central térmica de As Pontes. La que hasta hace poco fue una de las joyas del sistema eléctrico español, con 1.400 megavatios de potencia, podría dejar de funcionar en el segundo semestre del 2021, si la segunda tanda de pruebas con biocarburantes no resulta satisfactoria. El director de Regulación de la compañía, José Casas, y el número dos de Enel en España, Rafael González, acudieron a un encuentro en Madrid en el que la firma abundó en las mismas tesis que hace cinco meses, cuando reiteró que las primeras evaluaciones realizadas con una mezcla de carbón y de carburantes ecológicos arrojaron resultados negativos, y pusieron encima de la mesa un plan para invertir más de 1.581 millones de euros en una cartera de 1.505 megavatios renovables.

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