Manguerazo histórico de dinero público frente al virus

ECONOMÍA

miguel souto

Sánchez anuncia un «escudo» social y económico que movilizará hasta 200.000 millones, casi un 20 % del PIB

18 mar 2020 . Actualizado a las 10:28 h.

Frenar, a cualquier precio, que el coronavirus infecte mortalmente la economía española y que su postración tras la enfermedad sea temporal y lo menos grave posible. «Que la caída venga seguida de una recuperación económica y no de un estancamiento». Ese es el objetivo del segundo paquete de medidas que el Consejo de Ministros aprobó este martes, vía decreto, y que, en palabras de Pedro Sánchez, supone la mayor movilización de recursos públicos de la historia del país. «Hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20 % de nuestro PIB, de los que 117.00millones serán íntegramente públicos, y el resto se complementará con la movilización de recursos privados», anunció el presidente.

Inicialmente, las medidas del decreto estarán en vigor un mes. Sánchez destacó que el «enorme esfuerzo» —un manguerazo en línea con los anunciados por otros vecinos europeos— responde a la magnitud de la crisis sanitaria y al «compromiso» del Ejecutivo de «no dejar a nadie atrás». Por ello, el Gobierno ha sacado la artillería pesada —un «escudo económico y social» que solo los poderes públicos pueden desplegar, aseveró—, articulando financiación y medidas de protección para empresas, autónomos, trabajadores y familias vulnerables. Si importante es que el sistema sanitario no colapse, lo mismo se aplica a la economía. 

Moratoria hipotecaria

Respiro para quienes se queden en paro

El presidente anunció una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias para las familias más vulnerables, es decir, las que, como consecuencia de la crisis sanitaria y las restricciones impuestas a la actividad, acaben temporalmente en el paro o vean reducirse sus ingresos. Aunque habrá que esperar a la publicación del decreto en el BOE para conocer la redacción definitiva de la letra pequeña, la medida —para vivienda habitual— se aplicaría un mes, prorrogable, y se cribará a sus potenciales beneficiarios por el nivel de ingresos familiares (hasta tres veces el Iprem, 7.519 euros anuales, con carácter general) y el porcentaje de ellos que se coma el pago de la hipoteca y de los servicios básicos.

El decreto no incluye moratoria alguna para quienes vivan de alquiler —normalmente la población con menos recursos—, algo que fuentes del Ejecutivo explican remitiéndose a la necesidad de que se tejan redes de «solidaridad» entre arrendadores y arrendatorios y que, dado que el plazo de las medidas es muy reducido (solo un mes), los afectados puedan alacanzar acuerdos entre ellos, sin necesidad de la intervención del Estado.

«Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis, nadie será desahuciado de su casa», aseguró Sánchez. Esta medida se suma a la prórroga de la suspensión de los desahucios hasta el 2024, aprobada la semana pasada.

Suministros básicos

Energía, agua y telecomunicaciones, garantizadas

Entre las medidas dirigidas a proteger a la población más vulnerable o en riesgo de exclusión social, el Ejecutivo garantiza su acceso a los servicios públicos esenciales, de modo que no podrá cortárseles el suministro de energía (electricidad y gas) y agua. De hecho, actualmente ya estaba restringido, por ejemplo, dejar sin electricidad a ciertos colectivos, como los beneficiarios del bono social con un discapacitado o un menor de 16 años en la unidad familiar.

Como novedad, ahora también se garantizan los servicios de telecomunicaciones. De nuevo, la medida tendrá una vigencia de un mes, prorrogable.

Liquidez

100.000 millones en avales para empresas

En lo que respecta a las medidas para aliviar las tensiones de tesorería que la epidemia está provocando en las empresas, el Estado pondrá a su disposición, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), avales por valor de 100.000 millones de euros, lo que se traducirá en la potencial movilización de entre 150.000 y 200.000 millones de euros, sumando la aportación del sector privado.

Igualmente, el presidente explicó que en el decreto se incluyen líneas de avales adicionales —2.000 millones más— «con mecanismos ágiles» para favorecer la actividad de las empresas exportadoras, «especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas».

Regulación de empleo

5.000 millones para ERTES más flexibles

Sánchez destacó que el Ejecutivo había escuchado las propuestas que le habían trasmitido los agentes sociales (patronal, sindicatos y organizaciones de autónomos) y los habían atendido, para que los ajustes de empleo —temporales— a los que la crisis sanitaria les obligaba fueran lo más ágiles y menos traumáticos posible.

A esa pretensión responde que, como apuntó el presidente, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) causados por la crisis del coronavirus serán considerados «de fuerza mayor». Se trata de «priorizar la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido de trabajadores».

El Gobierno estima en unos 5.000 millones de euros el gasto que llevarán aparejado las medidas aprobadas para los ERTE, y que incluyen exonerar al empresario del pago de las cuotas de la Seguridad Social durante el tiempo que se prolongue la paralización de la actividad, así como que todos los trabajadores afectados accedan a la prestación por desempleo, aunque no cumplan el plazo mínimo exigido de cotización.

El Estado será el que se haga cargo de las prestaciones por desempleo de todos los trabajadores afectados por dichas regulaciones temporales de empleo, mientras dure la crisis sanitaria.

Otro punto importante, reclamado por los agentes sociales, es que el tiempo consumido de paro no se contabilizará como gastado, sino que se pondrá «el contador a cero».

Asimismo, Sánchez destacó que al reducir los períodos de tramitación y consultas de los ERTE (se resolverán en un plazo de 7 días), los trabajadores afectados «percibirán sus prestaciones con más agilidad».

Flexibilidad laboral

Desde teletrabajo a adaptar o reducir el 100 % de la jornada

La normativa aprobada por el Consejo de Ministros establece el teletrabajo como «medida de flexibilidad principal» durante esta crisis y, en consecuencia, pondrá en marcha mecanismos para reforzarlo, como es el caso de líneas de ayudas para implementarlo, como la dirigida a que las empresas puedan adquirir ordenadores.

Asimismo, el decreto facilita que los trabajadores asalariados puedan «adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta en un 100 %», para hacer frente «a las necesidades de conciliación y cuidado» (familiares hasta en segundo grado) derivadas de la propagación de la epidemia, sin que la empresa pueda sancionarlos o despedirlos

Sánchez hizo un llamamiento a los empresarios para que apliquen las medidas temporales aprobadas y no opten por los despidos. «Entendemos el esfuerzo, pero creemos que es necesario. Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno las ayudará a superar esta crisis temporal, pero que seguirán necesitando a sus trabajadores cuando superemos esta emergencia y la actividad económica recupere la normalidad», enfatizó.

 Autónomos

Prestación por cese de actividad y exoneración de cuotas

«Queremos que aquellos autónomos que vean reducidos significativamente sus ingresos puedan recibir la prestación por cese de actividad», anunció Sánchez ayer, recogiendo el guante que le lanzaron las organizaciones del sector (ATA, UPTA y Uatae). Así, el Estado «facilitará» que los pequeños empresarios y autónomos «puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica».

De este modo, se crea una prestación extraordinaria por cese de actividad, que cubre la finalización de esta, «provocada por una situación en todo caso involuntaria». El presidente también indicó que el acceso a la ayuda por cese de actividad «será compatible con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social y también con acogerse a ERTE» en el caso de aquellos autónomos que tengan empleados. Sin embargo, mantendrán sus cotizaciones los que continuen con su negocio o no se haya visto significativamente afectado, es decir, que lo que en ningún caso habrá es una suspensión general de las cuotas.

A salvo de OPAS

Las cotizadas estratégicas, a salvo

Una de las últimas medidas de apoyo a las empresas es la de blindar a las cotizadas de los sectores estratégicos (como telecomunicaciones o energía, por ejemplo) para impedir que «inversores de fuera de la Unión Europea» se hagan con su control «aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica», explicó Sánchez. Para ello, el decreto modifica la normativa de inversiones exteriores.

Cabe recordar que el Ibex 35 ha perdido en el último mes de descensos, desde el 19 de febrero en que comenzó el descalabro bursátil, un 35% de su capitalización, lo que en términos netos supone una bajada de valor de 186.000 millones de euros.

Servicios sociales

600 millones para reforzarlos en comunidades y ayuntamientos

El decreto también recoge que, como Sánchez avanzó tras el Consejo de Ministros, se destinarán 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas y entes locales, con atención especial a la asistencia sanitaria de las personas mayores y dependientes, los colectivos más vulnerables a la pandemia.

Por una parte, se aprueba un suplemento de crédito de 300 millones para las autonomías, para que financien prestaciones y servicios sociales, mientras que a los ayuntamientos se les permitirá invertir hasta 300 millones del superávit total que registraron en el 2019.

«Vamos a garantizar que la protección alcance la mayor cobertura posible», insistió, aprovechando para incidir, como la semana pasada, en la necesidad de disponer de unos Presupuestos Generales del Estado, ya no de emergencia, sino «de reconstrucción social y económica». «Evidentemente tendremos que hacerlo con la previsiones económicas que ahora mismo no tiene ningún organismo, porque es muy difícil evaluar cuáles son las consecuencias de la situación en el PIB y en la creación de empleo, o, desgraciadamente en este caso, la destrucción de empleo en las próximas semanas», resumió, verbalizando, de facto, la renuncia a las cuentas que tenían preparadas para este año.