Manguerazo histórico de dinero público frente al virus

ECONOMÍA

miguel souto

Sánchez anuncia un «escudo» social y económico que movilizará hasta 200.000 millones, casi un 20 % del PIB

18 mar 2020 . Actualizado a las 10:28 h.

Frenar, a cualquier precio, que el coronavirus infecte mortalmente la economía española y que su postración tras la enfermedad sea temporal y lo menos grave posible. «Que la caída venga seguida de una recuperación económica y no de un estancamiento». Ese es el objetivo del segundo paquete de medidas que el Consejo de Ministros aprobó este martes, vía decreto, y que, en palabras de Pedro Sánchez, supone la mayor movilización de recursos públicos de la historia del país. «Hasta 200.000 millones de euros, cerca de un 20 % de nuestro PIB, de los que 117.00millones serán íntegramente públicos, y el resto se complementará con la movilización de recursos privados», anunció el presidente.

Inicialmente, las medidas del decreto estarán en vigor un mes. Sánchez destacó que el «enorme esfuerzo» —un manguerazo en línea con los anunciados por otros vecinos europeos— responde a la magnitud de la crisis sanitaria y al «compromiso» del Ejecutivo de «no dejar a nadie atrás». Por ello, el Gobierno ha sacado la artillería pesada —un «escudo económico y social» que solo los poderes públicos pueden desplegar, aseveró—, articulando financiación y medidas de protección para empresas, autónomos, trabajadores y familias vulnerables. Si importante es que el sistema sanitario no colapse, lo mismo se aplica a la economía. 

Moratoria hipotecaria

Respiro para quienes se queden en paro

El presidente anunció una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias para las familias más vulnerables, es decir, las que, como consecuencia de la crisis sanitaria y las restricciones impuestas a la actividad, acaben temporalmente en el paro o vean reducirse sus ingresos. Aunque habrá que esperar a la publicación del decreto en el BOE para conocer la redacción definitiva de la letra pequeña, la medida —para vivienda habitual— se aplicaría un mes, prorrogable, y se cribará a sus potenciales beneficiarios por el nivel de ingresos familiares (hasta tres veces el Iprem, 7.519 euros anuales, con carácter general) y el porcentaje de ellos que se coma el pago de la hipoteca y de los servicios básicos.

El decreto no incluye moratoria alguna para quienes vivan de alquiler —normalmente la población con menos recursos—, algo que fuentes del Ejecutivo explican remitiéndose a la necesidad de que se tejan redes de «solidaridad» entre arrendadores y arrendatorios y que, dado que el plazo de las medidas es muy reducido (solo un mes), los afectados puedan alacanzar acuerdos entre ellos, sin necesidad de la intervención del Estado.

«Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis, nadie será desahuciado de su casa», aseguró Sánchez. Esta medida se suma a la prórroga de la suspensión de los desahucios hasta el 2024, aprobada la semana pasada.

Suministros básicos

Energía, agua y telecomunicaciones, garantizadas

Entre las medidas dirigidas a proteger a la población más vulnerable o en riesgo de exclusión social, el Ejecutivo garantiza su acceso a los servicios públicos esenciales, de modo que no podrá cortárseles el suministro de energía (electricidad y gas) y agua. De hecho, actualmente ya estaba restringido, por ejemplo, dejar sin electricidad a ciertos colectivos, como los beneficiarios del bono social con un discapacitado o un menor de 16 años en la unidad familiar.

Como novedad, ahora también se garantizan los servicios de telecomunicaciones. De nuevo, la medida tendrá una vigencia de un mes, prorrogable.

Liquidez

100.000 millones en avales para empresas

En lo que respecta a las medidas para aliviar las tensiones de tesorería que la epidemia está provocando en las empresas, el Estado pondrá a su disposición, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), avales por valor de 100.000 millones de euros, lo que se traducirá en la potencial movilización de entre 150.000 y 200.000 millones de euros, sumando la aportación del sector privado.