La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que interpuso una empresa accionista del Banco Popular que pedía la responsabilidad patrimonial del Banco de España por los perjuicios causados con la resolución de la entidad a mediados del 2017. Dictamina la Audiencia que el organismo competente en materia de supervisión era el BCE.
Esa firma accionista solicitó 123.991 euros por los daños que le ocasionó la decisión de la Junta Unica de Resolución (JUR), que supuso la venta del Popular al Santander por un euro. Esgrimía que el Banco de España había incumplido sus funciones de supervisión.
Por otra parte, ayer declaró en la Audiencia Nacional el exgobernador Luis María Linde como testigo en la causa que investiga la caída del Popular. Dijo que no tuvo que ver ni con la solvencia ni con las provisiones, sino que fue un problema de liquidez.