El Gobierno quiere poner coto a los desahucios por impago de alquiler

Las inmobiliarias ponen el grito en el cielo y ya reclaman ayudas


La Voz

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un real decreto de ley que establecerá una moratoria de cuatro años para los desahucios por ejecución hipotecaria. Así lo ha anunciado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, quien también avanzó que PSOE y Unidas Podemos han acordado incluir en la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que se está tramitando, la prohibición de desahucios por impago del alquiler «en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitres que hacen negocio con un derecho básico». Este último anuncio ha sentado como un jarro de agua fría en el sector inmobiliario, que reclama ayudas públicas si no van a poder echar a los inquilinos que no les pagan. «Si alguien no me paga el alquiler, le tengo que echar y, si el Gobierno no quiere que le eche, que me pague la renta, pero no puedes decir que con mi bien privado tengo yo que mantener a alguien que no me paga. Es demencial», ha dicho a Efe el consejero delegado de Colliers Internacional, Mikel Echavarren.

A su juicio, el anuncio del Ejecutivo es un «error de bulto que solo se explica porque este tipo de medidas dan votos y no le cuestan al Gobierno ni un euro en el presupuesto», ya que su efecto negativo será que se reduzca la oferta, «justo lo contrario de lo que necesita el mercado» de la vivienda.

Desde el sector recuerdan que para los inversores la vivienda en alquiler es un «mercado casi refugio», porque es un negocio de muy largo plazo, con rentabilidades muy bajas, basado en que es un mercado muy seguro (todo el mundo necesita un lugar donde vivir y el acceso a una vivienda es difícil).

Los expertos pronostican que, en la medida en la que están percibiendo incertidumbre, las inversiones de aseguradoras y particulares de largo plazo se retirarán.

Otras fuentes del mercado aseguran a Efe que hay empresas inmobiliarias que ya toman medidas para evitar desahucios en casos de familias en situación de vulnerabilidad, como bajos ingresos con menores, personas enfermas o mayores.

En estos casos, los grandes tenedores de vivienda pactan alquileres sociales por debajo de mercado u otro tipo de ayudas «con escaso apoyo del sector público», se quejan, por lo que subrayan que serían «bienvenidas las ayudas para evitar desahucios de colectivos vulnerables, siempre que no supongan una llamada a la okupación ilegal».

Algunos analistas, sin embargo, creen que el anuncio del Gobierno es de sentido común, si de lo que se trata es de proteger a los sectores más vulnerables: «proteger a los sectores más vulnerables no solo tenía que tener en cuenta a los hipotecados, también a los inquilinos», ha explicado a Efe el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

Este experto argumenta que, aunque los lanzamientos acumulan varios años de tendencia a la baja, una vez superada la crisis, los ciudadanos que viven de alquiler y que atraviesan problemas económicos sobrevenidos siguen aumentando.

Lo deseable, según Font, sería que estos tuvieran la posibilidad de ser realojados en viviendas sociales y asequibles de alquiler, por lo que ha abogado por planes de ese tipo a largo plazo, frente a los «parches paliativos coyunturales que introducen incertidumbre».

Desde Alquiler Seguro, su consejero delegado, Antonio Carroza, ha llamado al Ejecutivo a combatir la causa de los desahucios generando empleo y oportunidades, y ha incidido en que «quien tiene que hacer política social es la administración, no los particulares».

«Abordar el problema del alquiler evitando los desahucios es como intentar bajar la fiebre haciendo una sangría, que lo único que consigues es que el paciente termine frío, pero frío de muerte», ha comparado en declaraciones a Efe.

Ha criticado también que el Ejecutivo dirija esta medida a las «zonas tensionadas», y no a las «zonas deprimidas», y se ha preguntado qué sentido tiene aplicarla en zonas como el madrileño barrio de Salamanca.

Tras apuntar que los grandes tenedores de vivienda como mucho representan a un 4 % de los propietarios de residencial en alquiler, ha defendido que además no todos ellos son «fondos buitres», sino que también hay empresas patrimonialistas que prestan un servicio a la sociedad.

«Lo que van a conseguir es que los grandes inversores que estaban pensando en entrar en España no entren, que los que están se quieran ir y, sobre todo asustar al pequeño ahorrador, que es el propietario arrendador y que retirará sus pisos del mercado, con el consiguiente aumento de precios», ha pronosticado.

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