Montero prevé poner límites a la carrera a la baja en los impuestos de Patrimonio y Sucesiones
01 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La actual financiación autonómica es «compleja», «poco transparente» y lleva a diferencias «injustificadas». Es el reconocimiento explícito que hizo esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para defender la puesta en marcha de un nuevo modelo de financiación que acabe con la competencia fiscal desleal de algunas comunidades.
Para acabar con los abusos, Montero propondrá la armonización del impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, ambos cedidos a los Ejecutivos autonómicos. En todo caso, advierte de que «armonización no es uniformidad», así que las regiones tendrán margen de maniobra para subirlos o bajarlos. Lo que Hacienda pretende es acabar con la carrera impositiva a la baja entre comunidades que provoca fuga de declarantes.
Diferencias autonómicas
Siete autonomías han suprimido, o casi, el Impuesto de Sucesiones (Cantabria, Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura, Madrid o La Rioja). En el resto, la factura a pagar por una persona que herede, por ejemplo, 800.000 euros puede oscilar entre los 6.000 y los 100.000 euros en función de la región en la que resida el fallecido, según cálculos del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF). En Patrimonio, la factura para fortunas de 800.000 euros oscila entre los 50 euros de La Rioja y los casi 1.164 de Aragón. La cruzada de Montero contra este dumping fiscal puede chocar de frente con Ejecutivos como el madrileño. Su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, sacó pecho por pasar de 30.921 declaraciones de sucesiones a 90.000 con la bonificación, cifra bajo la que subyace la posible entrada de contribuyentes procedentes de otras comunidades.
Tal y como están ahora las cosas, la batalla fiscal se libra entre las regiones que quieren vincular la financiación a la población y las que tienen menos población y prefieren que se tenga en cuenta el coste real de los servicios que tienen que asumir. Algunas de las comunidades gobernadas por el PP como Andalucía, Castilla y León o Madrid se muestran radicalmente en contra de los planes de armonización.
