Las abstenciones de ERC y Bildu permiten al Gobierno sacar adelante la senda de estabilidad, primer paso hacia los Presupuestos del 2020

El Ejecutivo de Pedro Sánchez eleva el margen de desfase de las cuentas públicas hasta el 1,8 % del PIB en el 2020


Redacción

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la nueva senda de estabilidad presupuestaria, con los objetivos de déficit y de deuda para las Administraciones Públicas fijados por el Gobierno para el 2020 y para el período del 2021-2023, primer paso hacia la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para este año. De entrada, significa que el Ejecutivo de Pedro Sánchez eleva el margen de desfase de las cuentas públicas hasta el 1,8 % del PIB en el 2020, el 1,5 % en el 2021, el 1,2 % del 2020 y el 0,9 % en el 2023. Será pues una reducción progresiva del déficit público durante esos ejercicios, si bien no llegará al 0 % como había previsto el Ejecutivo de Rajoy. La deuda pública se situará hasta el 89,8 % del PIB en el 2023.

Junto con la senda de estabilidad, el Gobierno ha informado del límite de gasto no financiero para el 2020, que se situará en 127.609 millones de euros, una cuestión que no se somete a votación.

En las votaciones, además de PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno ha contado con el respaldo de PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe. Esquerra Republicana, EH-Bildu y BNG se han abstenido, mientras que el PP, Vox, Junts, Ciudadanos, la CUP, UPN y Foro Asturias han votado en contra.

En su defensa de la senda, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que la actual senda en vigor data de julio del 2017, que fue señalada como «irreal» por parte de autoridades internacionales, el Banco de España y la AIReF, y que desde entonces se han producido «numerosos cambios en la realidad social», pero también en las prioridades del Gobierno.

Asimismo, ha dicho que la renovación de la senda «forma parte de la dinámica básica para empezar a trabajar los Presupuestos». Los actuales se aprobaron en el 2018 y, ha reivindicado la ministra, «ninguna Administración se puede permitir el lujo de trabajar con cuentas que no se adecúan a la realidad».

Pese a que la nueva senda reserva más margen a la Administración central, Montero ha defendido que la flexibilización respecto a la última senda del PP beneficia más a comunidades y ayuntamientos para los que, además, ha avanzado que otorgará más facilidades para sus inversiones financieramente sostenibles.

Así, además de revisar la regla de gasto para dar más margen a las administraciones autonómicas y locales en esta norma fiscal, abrirá este tipo de inversiones locales a proyectos contra la despoblación, medioambiente, educación y gastos corrientes para el fomento del empleo

La senda, tras ser refrendada por el Congreso, tiene que ser aprobada por el Senado, donde esta vez sí puede obtener el Gobierno una mayoría simple si logra el beneplácito de los grupos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez.

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