Prevé reformar la ley para castigar «la destrucción de valor» entre los actores del sistema
24 feb 2020 . Actualizado a las 10:23 h.El Gobierno y las principales organizaciones agrarias parecen haber alcanzado un principio de consenso para reformar a corto plazo la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. De esta forma, el sector podría satisfacer parte de sus demandas a la espera de ver cómo traspone España la Directiva Europea 2019/633, sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. El ministro de Agricultura, Luis Planas, lograría así apaciguar sus ánimos de cara a una adaptación «más escalonada» de la nueva normativa comunitaria, que obligará a modificar hasta 32 artículos de la ley nacional y «requiere de más debate».
Su idea es hacer esos primeros cambios legales «antes de que concluya este mes». Las asociaciones del sector esperan incluso que pudieran presentarse en el Consejo de Ministros este marte.
En paralelo, Planas y su equipo trabajan en otras cuestiones como potenciar el cooperativismo y las interprofesionales, aumentar las dotaciones para seguros y comenzar la actualización de los estudios sobre precios y márgenes en la cadena de valor, que no se ponen al día desde 2013-2014.
Pero la prioridad ahora es vigilar mejor las posibles irregularidades en la cadena alimentaria, castigarlas más e incluso prevenirlas. Para eso, tras los primeros encuentros con técnicos de las organizaciones agrarias, en el ministerio han trabajado en una reforma casi exprés. El primer punto sería apartar la comercialización de alimentos y productos alimenticios del concepto de venta a pérdidas, que seguiría regulado por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista; esta se actualizó a finales del 2018 para cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que restringía su veto a las operaciones «engañosas» para el consumidor, «denigratorias» de la competencia o bien «predatorias» para «eliminar» a esta del mercado. A partir de ahí, se introduciría en la Ley 12/2013 el concepto de «destrucción de valor en la cadena alimentaria», del que quedarían fuera los consumidores porque solo afectaría a las relaciones comerciales entre los operadores de los distintos eslabones: productores, comerciantes en origen, industria transformadora, mayoristas y minoristas. Los agricultores defienden que es «diferente» a la venta a pérdidas y, por eso, lograrían que la reforma legal no fuera anulada luego por la Justicia (a raíz de la sentencia europea del 2017).
Lo que se castigaría ahora, dentro de la cadena, es a cualquier operador que «revenda u oferte un alimento, o producto alimenticio, a un precio inferior al de adquisición» o, si aquel «ha sido manipulado y/o transformado por el propio vendedor», al que hubiera sido en su caso el «coste efectivo de producción».
Infracción grave
Eso sí, quedarán libres de penalización las ventas de alimentos o productos alimenticios perecederos «en una fecha próxima a su inutilización». Así se incluye en el borrador sobre el que han trabajado Agricultura y las organizaciones profesionales, aunque quedarían por modificar las sanciones. La idea es que se considere infracción grave la reincidencia.
