Alcoa precisaría la electricidad de 40 parques eólicos para fabricar aluminio en San Cibrao

F. Fernández LA VOZ

ECONOMÍA

XAIME RAMALLAL

La multinacional avisa de que el estatuto del consumidor electrointensivo no garantiza un precio eléctrico competitivo y que el negocio en España «sigue siendo inviable»

21 feb 2020 . Actualizado a las 19:13 h.

Aviso a navegantes: «La producción de aluminio primario en España sigue siendo inviable», concluye Alcoa tras analizar el impacto del estatuto del consumidor electrointensivo en la única planta que queda en España, la suya, situada en San Cibrao (Cervo), que, junto a una planta de alúmina, da trabajo a unos 1.150 trabajadores directos y 5.000 inducidos.

Esos son algunos de los datos que la multinacional estadounidense ha incluido en las alegaciones que ha hecho llegar al Ministerio de Industria. En ellas, la empresa avanza que las medidas propuestas no le garantizan un precio eléctrico competitivo y, por tanto, que no le resulta rentable el negocio en España. De hecho, recuerda que la fábrica gallega acumula dos años en pérdidas, por importe de 110 millones de euros, fundamentalmente porque aquí la energía que precisa para elaborar el aluminio es más cara que en otros países europeos, y que el 2020 se presenta igual de negro con los nuevos incentivos. 

La compañía cifra el impacto de las medidas contenidas en el estatuto en una reducción del precio eléctrico de siete euros: 6,5 de ellos por las compensaciones por los costes indirectos en que incurre por las emisiones de CO2; y 0,54 euros por el recorte de los cargos para la financiación de las primas a las renovables, cogeneración y sistemas eléctricos insulares.

En cuanto a la tercera medida, la suscripción de un contrato de compra venta de electricidad a largo plazo directamente con una central de generación renovable (PPA), Alcoa subraya, como ya hizo la patronal del sector, que no hay en la actualidad ofertas a precio más bajo que el de mercado. De este modo, el grupo entiende que esta no es una opción viable para ahora. Sí para más adelante, pero no antes del 2022. La empresa considera que harían falta más proyectos de plantas de tecnologías limpias y que el tiempo de desarrollo y construcción de los mismos (en el caso de que se firmasen en el 2020) alargarían su entrada en servicio en 2021-2022. Además, para suministrar energía eléctrica a la fábrica de aluminio de San Cibrao serían necesarios 1.300 megavatios eólicos o 1.600  fotovoltaicos. Los primeros equivaldrían a unos cuarenta parques con molinos de viento, teniendo en cuenta que la potencia media de una de estas instalaciones en Galicia ronda los 35 megavatios. 

De esta manera, la multinacional concluye que «los mecanismos propuestos implican un precio para este 2020 cercano a los 48 euros por megavatio hora», cuando lo que precisa para garantizar la competitividad de la planta son 35.

«Todas las medidas publicadas, además de ser insuficientes para alcanzar un precio eléctrico competitivo para la producción de aluminio primario, carecen además de certidumbre en su aplicación», incide Alcoa, pues recuerda que están a expensas tanto de la disponibilidad presupuestaria, como de otros trámites por parte de la Comisión Europea.

En sus alegaciones al estatuto, el grupo propone la inclusión de una exención para la industria electrointensiva del pago de los peajes de transporte en la factura eléctrica, «de la misma forma que se aplica en Alemania», lo que produciría un impacto de 4,2 euros por megavatio hora adicionales. Que, sumados a los 9,4 de ahorro si la compensación por el CO2 fuese la máxima permitida, y los 0,54 de los cargos de renovables, cogeneración y sistemas insulares, alcanzarían los 14 euros menos. Una cifra que permitiría aproximarse a los 35 euros que Alcoa estima como precio eléctrico competitivo.

La exención en los peajes de transporte es una medida que también han incorporado a sus alegaciones las comunidades de Galicia, Asturias y Cantabria, los principales sindicatos y la patronal del sector electrontensivo.

La empresa también propone revisar el estatuto para que distinga entre consumidores más o menos electrointensivos.

Maroto: Alcoa «nos tiene que decir si apuesta por España»

La ministra de Industria, Reyes Maroto, parece haberse enojado con Alcoa y con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, a la luz de las declaraciones realizadas este viernes en Madrid, y recogidas por Efe y Europa Press.

A la multinacional la acusa de no efectuar inversiones en eficiencia energética ni en San Cibrao ni en las de A Coruña y Avilés, que vendió hace unos meses. Por eso concluye que «también nos tiene que decir si sigue apostando por España, qué va a hacer para seguir creando empleo y contribuyendo al mantenimiento de las capacidades productivas».

Maroto concluyó que la competitividad de la planta de Alcoa en San Cibrao no se puede resolver solo con políticas que vengan del Gobierno central, sino también de la Xunta, que tiene que decir «cuáles son sus políticas industriales, qué ha estado haciendo y qué va a hacer para mantener las capacidades productivas y el empleo». Agregó que Alu Ibérica —nuevo nombre de las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés tras su venta al fondo Parter— tiene que hacer un esfuerzo por garantizar las inversiones.

La ministra también lanzó reproches al presidente de la Xunta, tras sus recientes ataques al estatuto del consumidor electrointensivo, y le instó a que explique «por qué sigue en el bloqueo, por qué no hace política útil y por qué está mintiendo» sobre el borrador.

Núñez Feijoo calificó el documento como «un parte de defunción para las empresas electrointensivas» y un texto que «no vale para nada». Maroto invitó a Feijoo a «que se pongan a trabajar, necesitamos estabilidad».

Mientras, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, exigió celeridad al Gobierno para resolver las alegaciones al estatuto —cuyo plazo de presentación finalizó el jueves— porque «estamos nunha situación de emerxencia». Conde precisó que es necesaria una «resposta política para dar unha solución e prezo competitivo como estamos reclamando todas as comunidades autónomas, as empresas e os traballadores» del sector.