San José pedirá un arbitraje tras perder un contrato de 30 millones para renovar una carretera en Perú
ECONOMÍA
Argumenta que los motivos alegados para retirarle la adjudicación «carecen de fundamento»
19 feb 2020 . Actualizado a las 15:43 h.El Grupo San José ha anunciado su intención de solicitar un procedimiento arbitral contra el Gobierno de Perú después de que la entidad Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, dependiente del Ministerio de Transportes de aquel país, comunicara a la empresa gallega la resolución del contrato que le había adjudicado para la renovación de la carretera entre las localidades de Checca y Mazocruz.
En la comunicación enviada de madrugada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo constructor argumenta que «los motivos alegados por el cliente para la resolución del contrato carecen de fundamento», por lo que abren la vía a esa solicitud de arbitraje.
Entre esas causas para rescindir la adjudicación estaría, de acuerdo a lo publicado por la prensa peruana, el retraso en la ejecución de la obra. En concreto, en una carta notarial remitida a finales de enero y recogida por Radio Excelente, la autoridad adjudicataria advertía de que el ritmo de ejecución real de la obra estaba por debajo del 80 % del programado según el cronograma de los trabajos y recriminaba también «falta de personal» y una «ejecución de labores mínimas», por lo que daba cinco días a la empresa española para revertir la situación. Unas semanas más tarde, llegaba otra comunicación oficial con la resolución del contrato.
La carretera entre Checca y Mazocruz, cuyas obras de mejora fueron adjudicadas a San José en el verano del 2018, es una infraestructura de 73 kilómetros de longitud en la que está prevista la construcción de cuatro puentes y que es considerada de vital importancia para la dinamización de económica de la zona. Aunque la dotación inicial del contrato superaba los 242,8 millones de soles peruanos (unos 66,5 millones de euros al cambio actual), el grupo constructor gallego asegura que «el importe de la cartera pendiente de ejecución del contrato a esta fecha asciende aproximadamente a 30,5 millones de euros». Advierte, eso sí, de que «en estos momentos no es posible evaluar el efecto que este conflicto contractual puede tener en los resultados de la sociedad», que en los nueve primeros meses del año pasado registró un beneficio neto de 18,2 millones de euros, un 1,5 % más respecto al mismo período del 2018.