Menos incentivos que nunca para enfriar el coste eléctrico de la industria

La patronal estima que el estatuto electrointensivo les restará aún más competitividad


La Voz

Los ministerios de Industria y de Transición Ecológica han diseñado un salvavidas para reflotar la competitividad de la industria electrointensiva que está pinchado. Según el análisis realizado por la patronal del sector, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que representa a empresas con fábricas en Galicia como Alcoa, Ferroatlántica o Celsa, el sector recibirá menos apoyos que nunca para enfriar sus costes eléctricos. Así que su competitividad frente a Europa está herida de muerte.

El salvavidas se denomina estatuto del consumidor electrointensivo y consta de tres medidas básicas. Fernando Soto, director general de la patronal, calcula que la propuesta solo abaratará seis euros el megavatio hora de electricidad, cuando la industria española paga entre 16 y 20 euros más que la de Francia y Alemania. Así que, como mínimo, el sector precisaría el doble de ahorro en el precio eléctrico.

El estatuto en cuestión sustituirá a las subastas del servicio de interrumpibilidad, que, de momento, siguen prestando los grandes consumidores de energía al operador del sistema, que puede cortarles el suministro cuando lo considere necesario. Soto estima que las subastas les garantizaba un abaratamiento de entre 4,5 y 9 euros por megavatio hora. Así que el estatuto les dibuja un panorama más negro todavía si cabe. «Un euro arriba o abajo impacta en nuestra competitividad», advierte Soto.

El documento contiene tres medidas, pero Soto solo valora el impacto económico de dos de ellas. La tercera, la posibilidad de que las industrias firmen un contrato de suministro a largo plazo directamente con una planta de generación eléctrica renovable, en lugar de comprar la electricidad en el mercado mayorista, ni siquiera la tiene en cuenta el director general de AEGE. ¿Por qué? Simplemente porque ahora mismo no hay contratos de ese tipo en el mercado a precio competitivo, es decir, más bajo que el del mercado, explica Fernando Soto. O sea, que ninguna industria se va a comprometer como mínimo cinco años a comprar la electricidad a una planta de generación si puede adquirirla en mercado casi al mismo precio y sin tal compromiso de permanencia.

Sin embargo, AEGE reconoce que estos PPA (power purchase agreement, o acuerdo de compra de energía) que quiere promover el Gobierno al incluirlos en el estatuto, sí ofrecerán buenas posibilidades, pero cuando la oferta se amplíe y se abarate.

Así que el sector solo cuenta, de momento, con dos medidas para reducir costes energéticos. La principal, una compensación por el precio que tienen que pagar para comprar derechos de emisión de CO2. El año pasado se repartieron 174 millones, aunque la partida puede superar los 200 millones anuales sin que la Comisión Europea ponga problemas. Soto estima que el ahorro, por esa vía, puede alcanzar los 5,5 euros por megavatio hora. Se trata de una partida a incluir en los Presupuestos Generales del Estado. Pero el director general de AEGE matiza que no todas las industrias tienen derecho a percibir esta compensación.

Además, el estatuto incluye una bonificación en la factura eléctrica de este tipo de consumidores en el apartado de cargos dedicado a financiar las primas a las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de los sistemas eléctricos insulares. El ahorro por esta vía supone 0,54 euros.

Sin hablar de que la lista de beneficiarios de estos incentivos eléctricos se multiplica por cinco con el estatuto: de 118 a unos 600. Más a repartir y «quien más lo necesita, menos recibe», concluye Fernando Soto. 

Maroto: «El estatuto es el mejor posible, da certeza y seguridad»

La ministra de Industria, Reyes Maroto, lanzó este miércoles un ultimátum a la oposición para que este año sí apruebe los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que se activen todos los instrumentos destinados a la gran industria electrointensiva. Durante su comparecencia en una comisión en el Congreso, Maroto afirmó que dependerá de los grupos parlamentarios que se tengan unos presupuestos «mejores para la industria» o que, por el contrario, se quede «rezagada» y que los políticos tengan que salir a explicar a las más de 600 empresas afectadas por el estatuto electrointensivo que se hayan denegado unos presupuestos «buenos para la industria».

Maroto cree que el estatuto es el «mejor posible», ya que da «certeza y seguridad jurídica». También negó «esté pensado más para algunos territorios que para otros».

La portavoz de Industria del grupo popular, la diputada gallega Tristana Moraleja, por su parte, acusó a Maroto de intentar chantajear a la oposición para que apruebe los Presupuestos. También acusó a la ministra de poner en riesgo 5.000 empleos en Galicia con su propuesta de estatuto. Recordó que el Gobierno del PP dedicó 500 millones en el 2017 a incentivar a unas 200 empresas en la subasta de interrumpibilidad y que ahora el PSOE pretende reducir los fondos a 260 para 600 compañías.

Mientras, su homóloga en Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó en el Congreso que la incorporación de renovables ha provocado un abaratamiento de los precios eléctricos, sobre todo, apuntó, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, a mediados del 2018. Así, en el 2019 bajaron, según Ribera, un 17 % en el mercado mayorista, de 60,33 euros a 51,95.

La gran industria recibirá al menos 260 millones para rebajar el recibo de la luz

El nuevo Estatuto del Consumidor Electrointensivo beneficiará a 33 empresas radicadas en Galicia

El Gobierno puso por fin ayer sobre la mesa el tan ansiado Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Y, visto lo visto, no parece que la larga espera haya merecido finalmente la pena. Al menos en cuanto a lo que a sorpresas se refiere. Más bien pocas.

Beneficiará a unas 600 industrias con alto consumo eléctrico, a las que se bonificará en un 85 % los cargos de su factura, lo que les supondrá un ahorro conjunto de unos 90 millones que, sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), elevarán a más de 262 millones el apoyo a estas industrias.

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