Da por buena la investigación interna en una empresa de chatarra a la que empleados y proveedores habían defraudado 800.000 euros
13 feb 2020 . Actualizado a las 08:25 h.El Tribunal Supremo avala el uso de denuncias anónimas para la apertura de investigaciones internas dentro de las empresas que permitan destapar fraudes. Así se recoge en una sentencia dictada por la Sala de lo Penal del alto tribunal, que confirma la condena a dos años de cárcel impuesta a tres trabajadores de una compañía dedicada a la compra de chatarra y a dos de sus proveedores, que se habían puesto de acuerdo entre ellos para inflar el valor de las cargas y defraudar así casi 800.000 euros a la firma.
En concreto, los acusados daban entrada a cargas de chatarra mezclada con estériles (materiales de desecho no reciclables en hierro ni acero) en un porcentaje muy superior al habitual en el sector. Los trabajadores, que estaban encargados de clasificar el material recepcionado por categorías y de establecer el porcentaje de descuento por la mezcla con estériles, cuando llegaba la carga de los proveedores con los que estaban compinchados hacían una rebaja muy inferior a la que correspondía. De esta forma, su empresa pagaba como chatarra convertible material inservibles para la transformación.
La investigación interna se abrió tras una denuncia anónima recibida en el departamento de recursos humanos de la empresa, que advertía de que se estaban realizando maniobras fraudulentas en las entregas y clasificación de la chatarra, tras la cual se acabó destapando el fraude.
El alto tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato y recuerda que ese canal interno de chivatazos, también denominado whistleblowing, ha sido incluido en la reciente directiva europea que busca proteger a las personas que informan sobre infracciones del derecho de la Unión.
«En el caso ahora analizado de una denuncia interna, al modo del canal de denuncias aquí expuesto, provoca la apertura de la investigación que desemboca en el descubrimiento de las operaciones que estaban realizando los recurrentes durante el período de tiempo indicado en los hechos probados y que causó el perjuicio económico que se ha considerado probado», sentencia el tribunal.