La gran industria recibirá al menos 260 millones para rebajar el recibo de la luz
ECONOMÍA
El nuevo Estatuto del Consumidor Electrointensivo beneficiará a 33 empresas radicadas en Galicia
11 feb 2020 . Actualizado a las 10:52 h.El Gobierno puso por fin ayer sobre la mesa el tan ansiado Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Y, visto lo visto, no parece que la larga espera haya merecido finalmente la pena. Al menos en cuanto a lo que a sorpresas se refiere. Más bien pocas.
Beneficiará a unas 600 industrias con alto consumo eléctrico, a las que se bonificará en un 85 % los cargos de su factura, lo que les supondrá un ahorro conjunto de unos 90 millones que, sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), elevarán a más de 262 millones el apoyo a estas industrias.
Se trata, dice el Gobierno, de «establecer un terreno de juego equiparable con el de los competidores europeos», de generar «un marco estable, riguroso y homologable». Con ese objetivo, mantienen, desde el Ejecutivo, el real decreto que desarrollará este Estatuto e incluye tres tipos de apoyo económicos. Por una parte, la mencionada compensación por los costes indirectos de emitir dióxido de carbono, una medida que ya estaba en vigor y que, hasta ahora, suponía un gasto para el Estado de 172 millones de euros. «Esperamos que a partir de ahora la dotación sea superior, con un dato que será muy positivo», apuntan desde el Gobierno. El importe definitivo solo llegará cuando se aprueben los Presupuestos Generales del Estado del 2020, ya que se trata de incentivos que se sufragan vía cuentas públicas. Y, en cualquier caso, se unirá al procedente de otra de las medidas dispuestas en el Estatuto: la compensación de los cargos destinados a financiar las primas a las renovables -uno de los principales componentes fijos de la factura de todos los consumidores-, la cogeneración de alta eficiencia y el extracoste de los territorios insulares. El erario público bonificará un 85 % de ese concepto de las facturas de las grandes industrias. Es decir, solo tendrán que pagar un 15% de esos cargos, que son parte de los costes fijos. Este mecanismo, que según fuentes gubernamentales ha sido aceptado por la Comisión Europea, ascenderá a unos 90 millones de euros para este año.
La tercera vía de ayuda al sector será la creación de un fondo de garantías y avales emitidos a través de la organización Cesce (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, organismo que gestiona el seguro de crédito e inversiones por cuenta del Estado). A través de esta vía, el Gobierno pretende asegurar contratos bilaterales de compraventa de energía a largo plazo (PPA, de sus siglas en inglés) entre los consumidores electrointensivos y productores de energías renovables . Fuentes del Ejecutivo indican que el importe de estas garantías podría superar los 500 millones de euros.
La brecha con Europa se reduce
El Gobierno recuerda que, según varios estudios, estos PPA pueden suponer «una rebaja sustancial» de precios de hasta seis euros por megavatio/hora (Mwh). Y mantiene que la brecha que existe entre lo que pagan las grandes industrias en España y las de otros países europeos (de 20 a 25 euros/mwh más las españolas), podría reducirse entre un 20 y un 25 %.
Esta normativa condicionará a la baja la factura eléctrica de unas 600 empresas que realizan un uso intensivo de luz. De todas ellas, 153 (una cuarta parte) se encuentran en Cataluña; 44 en el País Vasco; 33 en Galicia; 30 en Castilla-La Mancha, 25 en Navarra, 19 en Asturias, 19 en Madrid, 17 en Murcia, 15 en Cantabria, 9 en Extremadura, 4 en Canarias, 3 en La Rioja y 3 en Baleares. Para Industria, «se crea un entorno muy favorable para las empresas», en función de lo que habían exigido para no cerrar las plantas que tienen en lugares como Galicia o Asturias. El caso de Alcoa ha sido el más paradigmático, con reiteradas amenazas de suspensión de su actividad por los altos costes energético. Los responsables de Transición Ecológica e Industria se reunieron este lunes con sindicatos y patronal del sector para ofrecerles detalle del decreto, que se publica hoy para exponerlo en audiencia pública y pasar después por el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros y la necesaria validación de las Cortes.