Piden cuatro años de cárcel para Agapito García, el mayor moroso de España
El empresario debe 15,97 millones de euros a Hacienda
redacción / la voz
Cuatro años de prisión, una multa de 4,7 millones de euros y una indemnización de 1,5 millones por responsabilidad civil. Es lo que pide la Fiscalía para Agapito García Sánchez, quien ostenta la corona de laurel de los morosos españoles, donde también figuran Mario Conde o Rodrigo Rato.
Este empresario de la construcción, reconvertido en inversor y especulador, no solo debe a Hacienda 15,97 millones de euros sino que tendrá que someterse a juicio el próximo jueves por un presunto fraude fiscal que habría cometido en el 2009 y que ascendería a 1,5 millones.
El Ministerio Público alude a la venta de 359.999 acciones de la sociedad Inversiones Intermarkets Sicav el 7 de abril del 2009 por un importe de 4.1 millones de euros, una transacción con la que incrementó su patrimonio en 512.083,88 euros. Tras varias operaciones opacas logró esconder al fisco los rendimientos por IRPF. La Fiscalía subraya que Agapito utilizó tres sociedades de las que era accionista mayoritario (Mirador de la Dehesa, Inver PM y Valores Pirineos 2 S), para hacerse concesiones de créditos compensados con deudas que, en la práctica, supuso una condonación de deuda a García.
Los doscientos grandes morosos gallegos deben al fisco más de 580 millones de euros
G. Lemos
Es un 24 % más que el año pasado, aunque los principales nombres siguen siendo los mismos
Algo más de doscientas empresas y particulares que debían al fisco más de un millón de euros al cierre del año pasado. Es la cuota gallega en la lista de grandes morosos fiscales que la Agencia Tributaria actualizó ayer y que eleva el montante total de la deuda tributaria de estos contribuyentes hasta los 582 millones (incluidas las sanciones que en su caso se les hayan impuesto), casi un 24 % más que los 470 contabilizados el año pasado. Cifras en las que no se incluyen las obligaciones pendientes de otras empresas que, pese a su estrecha vinculación con Galicia, no tienen su domicilio social en la comunidad. Es el caso de Martinsa-Fadesa -actualmente en proceso de liquidación-, Freiremar o Factorías Juliana, filial de Vulcano. Solo entre estas tres firmas sumarían otros 57 millones.
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