Persigue que se proteja a la industria frente a la competencia desleal de otros países
03 feb 2020 . Actualizado a las 08:24 h.La descarbonización de la economía es uno de los objetivos inaplazables que se ha marcado la Unión Europea para la próxima década. Una misión que no está exenta de costes para la industria española. El desmantelamiento o reconversión de plantas térmicas como la de As Pontes y factorías como Alcoa abre la puerta a una producción de energía y materiales más eficiente. Un proceso en el que contaminar menos, costará más.
La inversión en nuevas tecnologías y la obligación de cumplir con los nuevos objetivos de reducción de emisiones pone a la industria española en una situación de desventaja competitiva frente a otras extranjeras como la china, donde los reducidos costes laborales y la escasa preocupación por el impacto medioambiental ayudan a mantener los precios mucho más bajos. Por eso España defenderá la introducción de un arancel ambiental en el 2021, tal y como planteó recientemente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El Ejecutivo «apoya la introducción y el diseño de esta figura que debe ser estudiada y definida con detenimiento con el fin de asegurar su plena compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)», aseguró el Gobierno, según recoge Europa Press.
Competencia leal
El arancel ambiental pretende garantizar la protección de la industria europea frente a las prácticas agresivas de otros competidores, gravando las importaciones baratas de aluminio, acero y otros productos con alta huella carbónica procedentes de regiones extracomunitarias. De esta forma, si un país como China quiere seguir inyectando en el mercado europeo productos procedentes de industrias altamente contaminantes, tendrá que comprar derechos de emisiones, como hace cualquier productor en la Unión Europea.
Este gravamen en frontera, de aplicarse, podría tener un efecto inmediato sobre los precios de venta en el mercado, reduciendo el margen competitivo de los productos foráneos. «No debe ser considerado como un instrumento recaudatorio, sino como un medio para restablecer la competencia leal a nivel internacional», explica el Ejecutivo español, que espera poder poner coto al «dumping medioambiental» con el que amenazan potencias como Estados Unidos o el gigante asiático.