En Galicia hay 55.304 personas más cobrando rentas públicas que privadas

Es la octava región española con más trabajadores funcionarios, quienes ya son el 17,2 %


redacción / la voz

¿Puede una economía seguir siendo competitiva apoyándose mayoritariamente en las rentas públicas? Las estadísticas dicen que sí es posible, siempre que no coincidan otros factores como la pérdida de dinamismo económico y el envejecimiento de la población. Ese dúo de adversidades van de la mano en Galicia, donde ya hay 55.304 personas más cobrando rentas públicas que privadas. El frenazo económico, que según el Foro Económico de Galicia, se intensificará en los próximos meses, y la profunda crisis demográfica que sufre la región indican que la cifra de quienes se aferran al paraguas del Estado irá en aumento en los próximos meses.

La mayor parte de quienes reciben rentas públicas son pensionistas (679.581 gallegos), seguidos de funcionarios (188.700) y ciudadanos que perciben prestaciones por desempleo (94.323). Todos ellos superan al número de trabajadores del sector privado (907.300), de los que 694.600 son asalariados y 212.700 son autónomos. De tener solo en cuenta a quienes trabajan por cuenta ajena para alguna empresa, se podría decir que en Galicia hay 268.004 personas más que viven del Estado que del sector privado.

Se trata de una situación anómala si se compara con las regiones más desarrolladas de España. En Madrid, por ejemplo, el saldo entre quienes viven de una renta pública y una privada es positiva para los segundos (902.219). De igual modo, en Cataluña hay 804.351 personas más con nóminas privadas. Es precisamente esta comunidad la que registra el menor porcentaje de masa funcionarial de España (12,6 %), según los datos de la última encuesta de población activa (EPA). ¿Qué hay de Galicia? Es la octava región española con más trabajadores públicos (17,2 %), una lista que encabeza Extremadura, donde el 24,4 % de la masa laboral es funcionaria. Le sigue Castilla-La Mancha. En la tierra de Don Quijote, el carácter aventurero ha dado paso a la tranquilidad del trabajo público, al que se aferran el 19,8 % de los empleados. ¿Son las rentas públicas un lastre para la competitividad? Eso no es lo que dice el último Informe de Competitividad Regional en España, del Consejo General de Economistas de España, donde se revela que las comunidades autónomas con un crecimiento más intenso de ese índice son Extremadura y Castilla-La Mancha. Si bien es cierto que el gran pulso se libra, como viene siendo tradición, dentro del vértice País Vasco-Madrid-Cataluña.

Precariedad

La secretaria de empleo de Comisiones Obreras (CC. OO) en Galicia, Maica Bouza, insiste en no cargar tintas ni estigmatizar a quienes disfrutan de nóminas a cargo del Estado. Apunta a que el desfase de 55.304 personas en Galicia se debe a la precariedad laboral, la pérdida de dinamismo económico y el envejecimiento de la población: «En Galicia tenemos un elevado número de pensionistas de más de 65 años, mayor que el resto del Estado y una población envejecida, además de que la creación de empleo es menor que en otras comunidades autónomas», sostiene antes de aportar las claves para revertir esta tendencia peligrosa: «Necesitamos más empleo en el sector privado y mejor, de más calidad», apunta.

¿Recortes de las pensiones? ¿Racionalizar el peso del empleo público? Ni hablar: «No se trata de recortar las pensiones. Galicia es la segunda comunidad con las pensiones más bajas», denuncia. Las estadísticas corroboran parte de su análisis. Las regiones con menos crecimiento económico y las más envejecidas de España son las que ven agrandar el porcentaje de población que vive de rentas públicas. El ritmo de crecimiento del sector privado es menor y, en algunos casos, menguante. Sin ir más lejos, Galicia perdió en el último año 1.999 trabajadores por cuenta propia, según cálculos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) que apunta a un crecimiento de las afiliaciones en el conjunto de España de 14.425 personas. Galicia tiene un sector privado «insuficientemente desarrollado», asegura Bouza. 

Vacas flacas

Aunque hay voces que animan a adelgazar el esqueleto del Estado, tanto en su masa funcionarial como en las pensiones y prestaciones de desempleo por insostenibles, lo cierto es que las partidas públicas aguantan de forma desigual. Las pensiones recuperan terreno, pero los funcionarios se resienten por los años de vacas flacas. Reclaman mejoras en sus condiciones laborales. Según la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Galicia registra la temporalidad más alta de los últimos 10 años (un 25,5 %). Una situación que afecta a 48.200 interinos. La organización insiste en la necesidad de mantener los niveles de empleo, incluso aumentarlos, dado que las plantillas están envejeciendo y el relevo es insuficiente: «Es necesario si se pretende salvaguardar los niveles de asistencia y prestaciones que recibe la ciudadanía», insisten antes de exigir un «plan de choque» porque, a pesar de que el empleo público aumentó el año pasado en 42.300 personas en España, CSIF sostiene que el país arrastra un déficit de 53.000 funcionarios. A esa coyuntura se suma la incertidumbre sobre el futuro de sus sueldos porque la revisión de las previsiones de crecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE), del 2 % del PIB, dejaría a los trabajadores públicos sin la parte variable de la subida salarial pactada con el Gobierno de Sánchez.

La Xunta reserva hasta 90 millones para subir el sueldo de los funcionarios hasta un 2,2 %

MARIO BERAMENDI

El incremento fijo será del 2 % y las otras dos décimas restantes irán en función de la evolución del PIB español. Beneficiará a unos 87.000 empleados públicos

Los presupuestos de Galicia para el próximo año 2020 incluirán una reserva de crédito de hasta 90 millones de euros que permitirá a la Xunta subir el sueldo de los empleados públicos un 2,2 %. De ello, un 2 % será incremento fijo, y las dos décimas restantes irán en función de cómo evolucione el PIB de España.

Esta medida beneficiará a unos 87.000 empleados que dependen de la Administración autonómica, principalmente adscritos al Sergas y los servicios educativos, incluyendo también docentes de centros concertados. Hay otros 27.000 empleados públicos en Galicia, pero cuyos salarios dependen del Estado, como los adscritos a las fuerzas de seguridad.

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