Hacienda se niega a compensar a los contratistas públicos por el alza del SMI

Rechaza la petición de la patronal, que reprocha al Ejecutivo que les traslade la carga


Redacción / La Voz

El Gobierno se hizo ayer la foto buscada para el arranque de la legislatura. Qué mejor, para alejar el fantasma del pacto socialcomunista y el apocalipsis que algunos auguran en la economía, que lanzar la imagen de los líderes de las patronales CEOE y Cepyme firmando un acuerdo con los nuevos ministros de Unidas Podemos. Todo, bajo la atenta mirada de la vicepresidenta Calviño, imagen de la ortodoxia presupuestaria que impone Bruselas.

Con una escenografía más que estudiada, y en presencia del presidente Sánchez, los agentes sociales rubricaron ayer en la Moncloa el pacto para subir el salario mínimo a 950 euros mensuales durante este año. Se hará con efecto retroactivo desde el 1 de enero y esta vez, con acuerdo de todas las partes, a diferencia del sorpresivo incremento del 22 % aprobado en el 2019, que no fue respaldado por los empresarios.

Pero que ahora estos se hayan prestado a estampar su firma en el documento no implica que hayan renunciado a sus demandas. Ayer mismo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reiteró la principal. Quieren que la Administración, que impone a las compañías la subida de las nóminas, se haga corresponsable de la medida y asuma su parte cuando actúa como contratista. «Hemos planteado que las Administraciones indexen los contratos públicos a ese salario mínimo, porque no tiene mucho sentido que el Estado nos diga que tenemos que subir un 27 % en dos años los salarios y, sin embargo, en la contratación pública no se hace, porque te obligan a estar con el convenio anterior», reprochó el líder de la patronal en una entrevista en Radio Nacional.

Los empresarios recuperan así la demanda que ya hicieron tras la subida del SMI (y de las consiguientes cotizaciones sociales) el año pasado, que no tuvo un gran éxito. A pesar de que el Ministerio de Hacienda se abrió en un inicio a negociar compensaciones por ese sobrecoste -que desbarató las cuentas que habían hecho las compañías antes de presentarse a los concursos-, la puerta se cerró tras emitir la Abogacía del Estado un informe, firmado por la gallega Consuelo Castro, que niega la posibilidad de subir los pagos a los contratistas, argumentando que la decisión «que está en la base del desequilibrio alegado no es un hecho ajeno a la actuación de la Administración, sino que, por el contrario, se trata de un hecho imputable a ella».

A ese informe se vuelve a aferrar el departamento que dirige María Jesús Montero, donde aseguran que «se mantiene el mismo criterio establecido para la subida del SMI del año pasado». Esto es, que no habrá compensación para los contratistas por mucho que presione la patronal.

De esta forma, la única vía que les quedará a las empresas que trabajan para organismos públicos es, como hasta ahora, la judicial. Y, aunque de momento no les ha ido mal, ya que ha habido algunos pronunciamientos favorables a sus intereses, el engorro de acudir a los tribunales (y su coste) hace que muchos renuncien a la vía del pleito.

Y eso a costa de tener que asumir, en algunos casos, prestar el servicio a pérdidas. Porque aunque en el caso de las concesiones la ley permite desistir del contrato en caso de que este aumente mucho su coste de prestación, requiere para ello que se cumplan unos supuestos muy tasados, como que el sobrecoste suponga al menos un 5 % del de la cifra de negocios neta anual de la concesión.

El Gobierno pone el foco en la reforma laboral, mientras los empresarios trazan sus líneas rojas

Lucía Palacios

Amarrado ya el nuevo SMI, que se aprobará en el Consejo de Ministros del martes, el próximo objetivo del Gobierno es la derogación parcial de la reforma laboral, que se abordará en la reunión de la mesa del diálogo social de hoy. En esta primera toma de contacto se tratarán los «elementos de mayor urgencia», los que tienen que ver con la negociación colectiva y la subcontratación, precisó la ministra Yolanda Díaz.

No será fácil llegar a un pacto en esta materia, a la vista de que Garamendi reiteró ayer una vez más las bondades de la reforma del 2012. «Ha sido muy positiva», sentenció, aunque se mostró de acuerdo en trabajar para «mejorarla». Sin embargo, lanzó una advertencia: si entienden que la contrarreforma es «excesiva» se negarán a sentarse para consensuar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que recoge las líneas maestras para reformar los más de 5.000 convenios en vigor, que afectan a 11 millones de trabajadores. Y, de igual manera, condicionó un acuerdo salarial al alza del SMI en el 2021. «Si el año que viene el salario mínimo sube excesivo y sin acuerdo, no podremos hablar más, porque la presión sobre el resto de salarios será inmenso».

Los sindicatos no quisieron entrar en la guerra. «No estoy por la labor de avivar polémicas», apuntó Unai Sordo (CC.OO.), mientras que Pepe Álvarez (UGT) vaticinó que «el no acuerdo [sobre la reforma laboral] tampoco tiene por qué ser un desacuerdo absoluto».

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