
La calidad del agua y la protección de la zona de especial conservación se verían comprometidas en caso de «desastre ecológico»
28 ene 2020 . Actualizado a las 18:28 h.La Xunta de Galicia ha dado este martes carpetazo al proyecto de mina de cobre que la multinacional Atalaya Mining quería reabrir en los municipios coruñeses de Touro y O Pino. La decisión arroja un jarro de agua fría a la compañía, que esperaba garantizar su actividad en los yacimientos.Sin embargo, las dudas que despertó su viabilidad entre los expertos y el rechazo explícito de los vecinos, quienes no han cejado en su empeño para exigir el cierre, han propiciado que el Ejecutivo gallego le cuelgue el candado a la mina.
El anuncio vino de la mano de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien confirmó el sello negativo a la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto. El fallo llegó después de analizar en profundidad los dos informes «desfavorables» e «insalvables» emitidos por Patrimonio Natural y Augas de Galicia. Los demoledores documentos técnicos dejaron a las claras que el proyecto minero comprometía seriamente la calidad de las aguas y la protección de una zona de especial conservación (ZEC) en caso de «desastre ecológico». La declaración ambiental negativa deberá pasar ahora por las manos de la Consellería de Industria antes de desguazar definitivamente el proyecto de Atalaya Mining. No obstante, Vázquez señaló que el promotor puede recurrir al contencioso para exigir que se revise la decisión.
Controversia
Los vecinos denunciaron de forma insistente los efectos perniciosos de la reapertura de una mina que estuvo abandonada desde finales de los 80, tras quince años en activo. El desbordamiento de sus bolsas de agua contaminada amenazaban con alcanzar cauces fluviales como los del Ulla. El aumento del precio de las materias primas reactivó el interés de la compañía con sede en Chipre por estos yacimientos. Según Ecologistas en Acción,la explotación de la mina podría levantar una balsa de lodos tóxicos a 200 metros de distancia de zonas habitadas. «En caso de rotura o filtración, la contaminación tardaría doce horas en llegar a la Ría de Arousa y afectaría a los bancos marisqueros y a los polígonos mejilloneros, así como a los 150.000 habitantes de los 13 municipios que consumen agua del río Ulla», sostienen.