Más de medio millón de funcionarios se quedan sin derecho a indemnización

La Justicia europea se muestra en contra de extenderles un cheque tras la extinción de sus contratos


redacción / la voz

Ni tienen asegurado su empleo ni la indemnización en caso de extinción de contrato. Los funcionarios interinos que trabajan para las Administraciones públicas españolas se encuentran en un limbo. Son más de medio millón, casi 900.000 si se incluye a todos los temporales, según apunta Colpisa. No pueden disfrutar de los mismos beneficios que un funcionario de carrera, pero tampoco se les confieren los derechos de los que sí disfrutan los empleados ocasionales o fijos cuando los entes públicos prescinden de sus servicios, como la posibilidad de reclamar una prestación de entre 12 y 20 días por año trabajado.

Esta semana han recibido el revés de la Justicia europea, que se ha mostrado en contra de extenderles un cheque por rescisión de contrato. Los magistrados del TJUE sostienen que a los interinos se les debe aplicar el mismo estatuto que a los funcionarios de carrera, quienes no perciben ninguna prestación cuando abandonan su puesto de trabajo. La decisión llega tras la denuncia que cursó en el 2017 Almudena Baldonedo Martín contra el Ayuntamiento de Madrid por negarse a abonarle las cuantías equivalentes a 20 días por año trabajado cuando la apartaron de su puesto. 

Antecedentes

La mujer entró a trabajar como funcionaria interina el 24 de noviembre del 2005, con la intención de ocupar una plaza vacante de oficial de jardinería. Ocho años más tarde, el 15 de abril del 2013, la corporación le anunció su cese porque un funcionario de carrera había solicitado la plaza. Baldonedo esperó cuatro años antes de exigir, el 20 de febrero del 2017, al Ayuntamiento de Madrid que le abonara una indemnización por extinción de su relación funcionarial, a lo que este se negó alegando que «desempeñó sus funciones en el mismo puesto de trabajo, de forma constante y continuada» como un funcionario de carrera más y no como un trabajador temporal. Una tesis que respalda el Tribunal de Justicia de la UE. Sostiene que la legislación europea «no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a los funcionarios interinos, mientras que al personal laboral temporal se le concede una indemnización cuando finaliza el contrato de trabajo». En su opinión, no existe discriminación alguna, aun cuando el juzgado español reconoció que el consistorio «desnaturalizó» la condición de funcionario interino al no utilizarla para cubrir «necesidades temporales o transitorias, sino permanentes», privando a Baldonedo de los derechos reconocidos a los funcionarios de carrera y de los conferidos al personal laboral. Otra cuestión bien diferente que tendrá que dirimir el TJUE en los próximos meses es cuándo un trabajador interino que encadena contratos con alguna Administración pública debería convertirse en empleado fijo con los beneficios que ello conlleva. Lo que tiene claro el Tribunal de Luxemburgo es que, a pesar de que las condiciones de temporalidad se asemejan, no se puede equiparar un funcionario interino a un trabajador temporal a efectos de indemnización.

Esta sentencia deja en la estacada a un buen segmento de masa funcionarial del país, que hoy supera los 2.578.000 trabajadores públicos. Lejos de inmiscuirse en los asuntos de los tribunales españoles, el TJUE insiste en que es competencia de los jueces nacionales determinar si los interinos se encuentran en una situación comparable a la del personal laboral fijo contratado durante el mismo período de tiempo.

Los derechos y condiciones laborales de los interinos han sido foco controversia en los últimos años. También objeto de sentencias polémicas como la que dictó el pasado mes de septiembre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo. El juez declaró ilegal el vínculo laboral que mantenía una funcionaria interina con la Consellería de Economía, Emprego e Industria. Una relación que duró diez años y de la que se sirvió la Administración autonómica para cubrir de forma irregular un puesto permanente con un contrato de carácter eventual, algo «injustificable» a ojos del magistrado. En aquella ocasión se obligó al ente público a indemnizar a la trabajadora en cuestión.

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