Gobierno y agentes sociales ceden para subir el salario mínimo a 950 euros

Yolanda Díaz anuncia que tiene listo el decreto para derogar el despido por absentismo

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Hay sectores que temen un aumento de la economía sumergida por el alza del SMI Empleadas de hogar y sector agrícola.

Madrid / Colpisa

«Todos hemos tenido que ceder». La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, resumía así ayer la negociación acelerada que mantuvo junto con sindicatos y patronal para acordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros al mes durante este año (1.108 en doce pagas, con las dos extras prorrateadas). La medida, que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero, revela un acuerdo salomónico en el que ninguna de las partes ha conseguido el objetivo que públicamente se habían marcado.

Los sindicatos partían de la idea de subir el SMI a los mil euros mensuales, mientras que los empresarios advertían del peligro de incrementarlo más allá de los 900 euros en los que ya estaba fijado. Y en el Ejecutivo, división. Mientras las voces de Unidas Podemos abogaban por los 1.000 euros, otros ministros del PSOE se mostraban más proclives a la moderación. Al final, todos cedieron. «Como en cualquier negociación, nos hemos dejado pelos en la gatera», admitió el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

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Yolanda Díaz: «Hemos alcanzado un acuerdo para subir el SMI a 950 euros» La ministra de Trabajo ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y los representantes de la patronal.

Así, la subida final es del 5,5 %, una cuarta parte de la aprobada el año pasado, cuando el SMI se incrementó de golpe en casi 165 euros mensuales. En cuatro años, el avance ha sido superior a los 300 euros.

La titular de Trabajo se mostraba satisfecha por un acuerdo que, defendió, ayuda a combatir «la desigualdad que existe en nuestro país». Díaz alabó «el esfuerzo acometido por empresarios y sindicatos» para alcanzar este pacto que no se atisbaba, y menos en un plazo tan breve. Sin embargo, han sido las negociaciones «discretas», como las calificó ayer el líder de CC.OO., Unai Sordo, las que han permitido llegar a este acuerdo, aunque no sea del agrado de ninguno.

Dos millones de beneficiarios

La medida engordará las nóminas de unos dos millones de trabajadores, según explicó la ministra. «Una parte importante tienen que ver con los trabajadores del régimen general y otra con dos sectores como el de las trabajadoras domésticas y el de la agricultura», explicó. Además, habrá que sumar el impacto sobre los trabajadores que se encuentran a tiempo parcial.

La responsable de Trabajo negó que la subida del SMI tenga efectos en la creación de empleo: «No se van a destruir puestos de trabajo». «Los informe dan la razón a este Gobierno, a sindicatos y muchas voces económicas que dicen que hay que mejorar los salarios», indicó.

En ese mismo sentido se pronunciaron los sindicatos. «Cuestionar que el SMI no ha sido un elemento fundamental para la creación de empleo en nuestro país y el mantenimiento de la economía es más que discutible», indicó Pepe Álvarez, secretario general de UGT.

Menos optimismo había en la patronal, a pesar de reconocer que el incremento acordado «no es lo mejor, pero es menos malo que subir el SMI a 1.000 euros», como afirmó el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Por su parte, Garamendi recordó que el alza del año pasado «tuvo un impacto importante» en las empresas.

A partir de ahora, los agentes sociales tendrán que negociar con el Ejecutivo la senda para elevar el salario mínimo hasta que represente el 60 % del sueldo medio en el año 2023, como recoge el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos y como también quieren los sindicatos. Pero en las reuniones mantenidas hasta ahora, ese calendario de subidas «no ha estado sobre la mesa».

Fin al despido por absentismo

Aunque en la reunión de ayer solo se trató la subida del salario mínimo, la ministra de Trabajo anunció en la rueda de prensa posterior que el Ejecutivo va a derogar «con rapidez», a través de un decreto ley, el controvertido artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido de los trabajadores por absentismo, aunque este esté justificado con una baja médica. La norma, avalada recientemente por el Tribunal Constitucional, está provocando un buen número de despidos en las últimas semanas, según denuncian los sindicatos.

La ministra aclaró que, aunque el decreto está ya redactado, no irá al próximo Consejo de Ministros, el martes 28, porque «se está pendiente de los informes perceptivos que hay que cumplir».

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