Los hogares aún les deben 16.600 millones a las eléctricas

Los consumidores han abonado vía factura 500 millones a las compañías para enmendar errores de política energética


redacción / la voz

Durante 14 años, entre el 2000 y el 2013, los consumidores acumularon, sin querer, una deuda monumental con el sistema eléctrico, fruto de decisiones de política energética adoptadas por los sucesivos Gobiernos. Que había que tirar de subvenciones para animar a las compañías a llenar el país de parques eólicos, pues se tiraba. Que había que financiar subsidios varios para alimentar la solidaridad del sistema, pues se hacía. Y así hasta el 2014, el primero de los cinco que van con superávit. Pero todavía se arrastran 16.600 millones de deuda, según el último dato que maneja la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Son un 12 % menos de los que había acumulados a finales del 2018. Ese dinero lo van devolviendo poco a poco en la factura de la luz los residentes en los 29 millones de hogares con contrato de suministro. Si se divide el montante total entre ellos, resultan casi 600 euros por vivienda.

Esta deuda se saldará dentro de nueve años.

El sistema eléctrico está en cifras positivas desde el 2014 gracias a la drástica reforma acometida por el exministro de Industria José Manuel Soria para recortar gastos e incrementar ingresos. Desde entonces, los consumidores han pagado casi 1.700 millones más de lo que el engranaje de subsidios y subvenciones se comió. Ese dinero está en una cuenta bancaria especial de la CNMC, aunque en los últimos ejercicios se han retirado de ella unos 650 millones. ¿Para qué? Pues para pagar, de nuevo, decisiones de política energética, en esta ocasión, entuertos judiciales. Así, según el informe del sistema hecho público por el regulador, casi todo ese dinero (unos 500 millones) se ha dedicado a pagar indemnizaciones a las compañías como consecuencia de varias sentencias que tumbaron la anterior financiación del bono social. El Gobierno obligó a las principales empresas del sector a asumir el coste de los descuentos en la factura a las familias con derecho a bono social. Las compañías denunciaron ese reparto y la Audiencia Nacional les dio la razón en las liquidaciones correspondiente a los ejercicios del 2014, 2015 y 2016. A raíz de esos fallos, hubo que devolverle a las eléctricas el dinero que habían desembolsado durante esos tres años, y el Gobierno acordó tirar del superávit para zanjar el pleito.

La anterior financiación del bono social fue tumbada por los tribunales porque hacía recaer el peso sobre los cinco grandes grupos energéticos del sector y no sobre todos los agentes que operan en el negocio. Ante el revés judicial que se preparaba, el Gobierno modificó la regla de reparto de modo que el descuento en la factura la asumen todas las compañías comercializadoras (hay unas 200 en España) y no solo las cinco grandes. En realidad, como casi todas las cargas que se hacen recaer sobre los hombros de las compañías, indirectamente son los consumidores los que las asumen.

Con esos remanentes también se hizo frente a los 11,3 millones que hubo que pagarle a las plantas de tratamiento de purines que transforman sus residuos en gas por el recorte en sus retribuciones. Estas instalaciones también se vieron afectadas por el recorte a las ayudas eléctricas, pero la Audiencia Nacional tumbó luego este ajuste.

Además, en el 2018 se decidió retirar de la cuenta otros 120 millones para impulsar una nueva ronda de incentivos a las energías renovables.

La mayor parte de la deuda está titulizada y en manos de un fondo, el FADE, integrado por las principales eléctricas, que se dedica a emitir bonos para obtener préstamos. El interés previsto para este año es del 2,5 %.

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