Se pospone el alza del salario mínimo, que Sánchez quiere pactar con los agentes sociales
27 dic 2019 . Actualizado a las 19:30 h.Llegó el último Consejo de Ministros del año, ese en el que tradicionalmente el Ejecutivo aprueba decisiones de tanta enjundia para la ciudadanía como la revalorización de las pensiones, la subida del sueldo de los funcionarios, el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) o el encarecimiento de las cotizaciones sociales para el nuevo ejercicio. Pero este año, no han cuajado. Las negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno tienen la culpa. Sin Ejecutivo -el actual está en funciones-, no hay subidas. Y las cosas se quedan, de momento, como estaban.
Así que, aunque Pedro Sánchez lo prometió en la última campaña electoral, los casi nueve millones de pensionistas que hay en España (algo más de 767.000 en Galicia) tendrán que esperar a que haya un nuevo Gobierno para que sus prestaciones suban el 0,9 %. Ese es el incremento que les había anunciado a bombo y platillo el presidente en funciones y el que figura en el Plan Presupuestario para el 2020 remitido a Bruselas.
Y no solo eso. Comenzarán el año con las nóminas congeladas. Porque sus prestaciones ni siquiera se revalorizarán el 0,25 % que marca la ley para las épocas de vacas flacas desde la reforma del 2013. Y ello porque el Consejo de Ministros aprobó este viernes la suspensión del artículo 58 de la Ley de la Seguridad Social en el que se recoge ese alza mínima mientras las cuentas del sistema estén en números rojos.
Lo justifica el Ejecutivo asegurando que es mejor subir el 0,9 % de una vez y no en dos tandas (un 0,25 ahora y otro 0,65 cuando haya Gobierno) para evitar así el gasto que supondría hacerla en dos fases, tanto en términos de comunicación a los interesados como de procesos informáticos. Se hará «en cuanto sea posible. En el momento preciso en que se configure el Gobierno», aclaró tras el Consejo, la ministra de Educación en funciones y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. A poder ser, ya en la nómina de enero, para que los pensionistas ni siquiera perciban esa congelación transitoria de sus ingresos. Aunque nada es seguro. Todo está a expensas de las negociaciones políticas. Y a nadie se le escapa que es esta una forma de presionar a ERC para que apoye ya la investidura de Sánchez.
Para calmar los ánimos de los pensionistas, y paliar su lógico enfado, Celaá insistió también en que, cuando se materialice, será con efectos retroactivos desde el 1 de enero del 2020. Entonces, la pensión media se verá incrementada en 9 euros (7,6 en el caso de Galicia). Pero, de momento, a esperar.
Lo propio tendrán que hacer los más de 2,5 millones de funcionarios que hay repartidos por todo el país, que, por ahora, no podrán disfrutar de la subida salarial del 2% que prevé el acuerdo firmado en la primavera del 2018. Como los pensionistas, habrán de aguardar a la fumata blanca para la formación del nuevo Gobierno. Y, como aquellos, cobrarán el incrementos con efectos retroactivos. Desde el 1 de enero.
Y otro tanto sucede con el salario mínino interprofesional (SMI). Comenzará el 2020 donde está ahora: en 900 euros mensuales (12.600 al año, con 14 pagas). Es este uno de los temas que está encima de la mesa de la negociación entre el PSOE y Unidas Podemos. Los de Iglesias exigen que se incremente hasta los 1.000 euros al mes ya el próximo año (14.000 euros brutos al año), lo que supondría un alza del 11 %.
Un SMI negociado
Pero esta subida no será tan inmediata como la de pensiones y salarios públicos. Sánchez quiere que en esta ocasión se decida a través del dialogo social tal y como le exigen los agentes sociales. Y todo apunta a que esta negociación no será fácil, puesto que el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ha mostrado su frontal oposición a llevarlo a 1.000 euros al mes, algo que considera una «barbaridad». El PSOE, por su parte, mantiene la promesa de que a final de la legislatura, es decir, en el 2023, se sitúe en el 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea.
Luz verde a las ventajas de miles de prejubilados
Lucía Palacios - Madrid / Colpisa
A lo que sí dio el visto bueno el Gobierno fue a prorrogar la conocida como cláusula de salvaguarda, por la que unos 26.000 prejubilados (según la primera estimación oficial) podrán acceder al retiro con las condiciones anteriores a la reforma de las pensiones del 2011, lo que evita así que sus pensiones se reduzcan hasta un 30%. Se trata principalmente de aquellos trabajadores de grandes empresas como Telefónica, Santander, Iberia o Bankia, que se acogieron a los despidos colectivos en plena crisis económica con el compromiso de que sus condiciones de bajas voluntarias y su futura jubilación no se modificarían pese a que la ley así lo hiciera; es decir, que accederían a la pensión de jubilación con la legislación anterior, que es mucho más ventajosa. Aunque, eso sí, siempre que los desempleados estuvieran en paro hasta llegar a la jubilación.
Una garantía legal que se recogió en la reforma del 2011 y que blindaba con carácter indefinido de los nuevos criterios de jubilación establecidos en ella a los trabajadores que se quedaron sin empleo de manera individual antes de la publicación de esta ley (agosto del 2011), así como a los que salieron de sus puestos en despidos y acuerdos colectivos pactados antes de ese agosto y los que ya habían accedido entonces a la jubilación parcial o a planes para acogerse a ella.
Desde Comisiones Obreras recuerdan que había muchas personas que estaban pendientes de la aprobación de esta nueva prórroga para decidir si se jubilan o no.
El impuesto de patrimonio se mantiene y se actualiza el catastro
El Ejecutivo también aprobó ayer la prórroga del impuesto sobre patrimonio para el ejercicio 2020 -con la que ya van ocho consecutivas-, un trámite necesario para que no decaiga el tributo, cuya recaudación supera los 1.100 millones. El rendimiento de este impuesto está cedido en su totalidad a las comunidades, que tienen amplia competencia sobre el mismo.
Otra de las medidas fiscales aprobadas es la actualización -al alza o a la baja- de los coeficientes de los valores catastrales de inmuebles urbanos para el 2020 mediante la cual se rigen 1.092 municipios. Las subidas y bajadas medias se sitúan en el 3 % y ningún incremento es superior al 5 %. Y, tal y como marca la ley al no tener unas nuevas cuentas, el último Consejo de Ministros aprobó también una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2019. Es la segunda vez que Sánchez tiene que prorrogar las cuentas que sacó adelante el Ejecutivo de Rajoy, poco antes de la moción de censura.
El sistema de módulos de los autónomos, sin cambios
No sufrirán ningún cambio los cerca de 400.000 autónomos -20.747 en Galicia- que actualmente tributan por el sistema de módulos, en su mayoría pequeños comerciantes y transportistas. Esta fórmula permite a los trabajadores por cuenta propia tributar no por sus ingresos reales, sino por una estimación en función de las características del negocio. Entre los factores a tener en cuenta se encuentran la superficie del local en el que se desarrolla la actividad o el número de empleados de la empresa.
El Gobierno aprobó ayer un Real Decreto-ley por el que prorroga, por quinto año consecutivo, los límites cuantitativos de facturación por módulos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Así, los topes de exclusión del sistema se mantendrán cuando los rendimientos íntegros del autónomo superen los 250.000 euros, cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sean superiores a los 125.000 euros y cuando las compras en bienes y servicios sobrepasen los 250.000 euros. Si se hubieran rebajado los límites como recogía la actual ley, se habría expulsado del sistema a más de la mitad de los beneficiarios.