Esta ayuda extraordinaria llegará a alrededor de 38.500 personas en los primeros diez días del mes de enero
13 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno gallego aprobó en su última reunión el ya tradicional complemento económico para los gallegos que tienen una pensión no contributiva, para los que perciben ayudas del Fondo de Asistencia Social o los que son perceptores del subsidio de garantías de ingresos mínimos. Esta ayuda extraordinaria llegará a alrededor de 38.500 personas en los primeros diez días del mes de enero, y la cuantía fija por beneficiario es de 206 euros. La Xunta invertirá un total de ocho millones en esta paga de carácter social que se ingresa en una operación única mediante transferencia bancaria, sin necesidad de solicitarlo ni hacer ningún trámite adicional. Esta partida está garantizada también para el año 2020, ya que se han reservado fondos en los presupuestos que se aprobarán en el Parlamento la próxima semana y que entrarán en vigor e1 1 de enero.
El pago de este complemento se remonta a la última etapa del bipartito en la Xunta, y se mantuvo invariable en las cuentas autonómicas en la época de recortes, siempre con el mismo importe. Lo que ha cambiado sustancialmente es el número de personas que lo perciben, ya que hace una década llegaron a ser 46.000 los ciudadanos que la Administración gallega consideraba que tenían derecho a este complemento, y hoy son casi ocho mil menos.
Estrategia de economía circular
Además, el Ejecutivo gallego aprobó la Estratexia galega de economía circular 2020-2030, un documento presentado por la Consellería de Medio Ambiente que contó con la colaboración de los agentes económicos y sociales, empresas y Administraciones. El resultado es una hoja de ruta enfocada en cuatro sectores: la industria, el sector primario, los hogares y el hábitat. Entre otras medidas, destaca la edición de un catálogo con productos y servicios gallegos ecodiseñados; campañas de concienciación dirigidas a productores y consumidores; un plan para reducir el uso de plásticos en el sector primario y la industria alimentaria; apoyo económico al sector de la reparación; o la reutilización y aprovechamiento de materias primas en la construcción, especialmente en la obra pública, además de incidir en la minimización de los residuos orgánicos generados en los hogares.
La Xunta también dio luz verde a un decreto por el que se crea y se regula el Rexistro galego de exposición laboral ao amianto (Regela), un documento con el que se pretende aumentar el nivel de protección del colectivo expuesto a este material tóxico para que la vigilancia de su salud sea lo más completa posible. El Gobierno admite que el período de latencia de este riesgo es muy prolongado, entre 20 y 30 años, de ahí que sea necesario activar un control para trabajadores que sigan en activo o que ya no estén en el mercado laboral.