Firman un acuerdo de diálogo social con medidas incluidas en presupuestos y leyes
11 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta, la Confederación de Empresarios de Galicia y los sindicatos UGT y CC.OO. han vuelto a sentarse por cuarta ocasión desde el 2010 para rubricar el pacto por el diálogo social en Galicia, un acuerdo que busca transformar el tejido empresarial gallego, apostar por la formación, el empleo de calidad, la igualdad entre hombres y mujeres y la revolución tecnológica y que, con carácter general, pretende mejorar las relaciones laborales. Las negociaciones comenzaron en febrero de este año con la conformación de grupos técnicos de trabajo en busca de un consenso que se plasmó ayer en un acto solemne en el pazo de Raxoi.
«O acordo dá pasos para avanzar no social e no económico, e para que Galicia poida seguir confiando en si mesma, na súa responsabilidade e na súa unidade para abordar os retos que temos en común», declaró el presidente de la Xunta. Feijoo señaló que los objetivos tienen su reflejo en medidas concretas en los presupuestos, con compromisos que ya son «obrigas» del Gobierno y que se reflejan en las leyes de Galicia, ya se trate de cambios concretos o de nueva redacción. Y destacó la «unidade de acción» para conseguir mayor igualdad con propuestas explícitas y homogéneas, así como un acuerdo para elaborar las cláusulas sociales que se incluyan en la contratación pública con el compromiso de fondo de «traballar xuntos para que haxa máis emprego e de maior calidade».
Entre las medidas que se pusieron en valor están la activación de un plan para mejorar el empleo entre los parados de larga duración mayores de 45 años o la puesta en marcha de un procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos laborales individuales, así como otras iniciativas sectoriales que cuentan con partidas económicas asignadas, como el impulso a la economía circular o la economía verde (100.000 y 200.000 euros). El presidente también valoró el esfuerzo por la transformación de una industria más tecnológica. Por ello acordaron insistir en la Axenda Industria 4.0 con el objetivo de crear 13.500 empleos hasta el 2022 a través de inversiones que ya tiene en marcha la Consellería de Economía. El acuerdo incluye una mención explícita a la transición energética para que sea «xusta e ordenada», porque «non se pode deixar no camiño a miles de familias», afirmó en referencia a la situación de las industrias en Galicia, entre las que citó la central de As Pontes o la fábrica de aluminio de San Cibrao. Dos problemas concretos de una comunidad que, recordó, ha crecido en la última década por encima de la media del Estado gracias, entre otros motivos, a sucesivos acuerdos sociales como el rubricado por el presidente de la CEG, Antonio Fontenla, y José Antonio Gómez (UGT) y Ramón Sarmiento (CC.OO.).
Sarmiento garantizó que desde su central se va a velar por el cumplimiento de las medidas pactadas con la exigencia de que tengan un impacto real en las cuentas de la Xunta y en las leyes. Gómez puso el foco en la capacidad de este tipo de consensos para lograr que la recuperación económica llegue a todos los gallegos. Y Fontenla incidió en la «urgente» necesidad de trasladar estabilidad al empleo.
Más formación, tecnología e inserción profesional
El acuerdo «tripartito», término empleado por el presidente de la patronal, incluye once pactos temáticos que se trataron en mesas sectoriales y que se deben desarrollar entre el 2019 y el 2022.
Gabinetes técnicos. Empresarios, sindicatos y Xunta se comprometen a crear gabinetes técnicos sobre igualdad laboral y de oportunidades para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como programas formativos y de sensibilización, con la creación de un nuevo distintivo autonómico para el reconocimiento de las buenas prácticas empresariales en este sentido.
Contratación pública. Creación de una guía que oriente la contratación pública y dé homogeneidad a las cláusulas de responsabilidad social.
Tecnología e industria. Despliegue de la Axenda Industria 4.0, con la aportación de 350 millones de euros que complementen inversiones privadas.
Transición energética. Creación del primer mapa para una transición energética justa, con análisis sobre la viabilidad de proyectos como el gas renovable procedente de residuos agroganaderos y la elaboración de una estrategia de reindustrialización de las comarcas con centrales térmicas.
Políticas de empleo. Puesta en marcha de un plan de ayudas a la contratación de relevistas y un programa de apoyo a las empresas en períodos de baja actividad, además de compensar a trabajadores de más de 55 afectados por expedientes de regulación.
Relaciones laborales. Dar cobertura económica al procedimiento extrajudicial de solución de conflictos laborales individuales a través de la mediación.