Los trabajadores de Alcoa temen el cierre ante la escasez de apoyos a la gran industria

La patronal siderúrgica avisa de que no pueden competir con otros países europeos por el elevado precio eléctrico


La Voz

Honda preocupación en el sector industrial del país por los menguantes fondos públicos de apoyo para reducir el precio de la electricidad. Estos incentivos se reparten en una subasta y a cambio de ellos, las empresas beneficiarias prestan el servicio de interrumpibilidad. Consiste en reducir consumo bien por razones económicas del mercado, bien para garantizar la seguridad del suministro eléctrico del país. El Ministerio para la Transición Ecológica ha convocado para la próxima semana la subasta que adjudicará los incentivos que se disfrutarán en los primeros seis meses del 2020. En juego, 62,5 millones de euros, un 36 % menos.

En esas condiciones, el sector ve un futuro negro. Tanto que el presidente del comité de empresa de Alcoa en San Cibrao, José Antonio Zaín, avisa que la fábrica de aluminio primario —la única que queda en funcionamiento en España— está condenada al cierre si el Ejecutivo central «sigue tomando medidas de esta índole». Zaín saca como conclusión que el Gobierno parece no querer industria en este país para contaminar menos. En su opinión, «la subasta [de interrumpibilidad], con los megavatios que la han sacado, es inviable para tener precios [eléctricos] competitivos».

La siderurgia en alerta

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) también ha alertado del alto riesgo de falta de competitividad al que están expuestas las industrias. Se acaba de sumar a las voces de alarma la patronal del acero, Unesid. «La industria siderúrgica pide únicamente precios predecibles y competitivos en línea con los de su entorno europeo. Con lo visto anteriormente, esta subasta no permite al sector ni planificar las operaciones adecuadamente ni competir en igualdad de condiciones», denuncia la organización, en la que se integran empresas como la gallega Megasa.

El Ministerio para la Transición Ecológica se ha defendido de la lluvia de críticas. Aseguró que esta subasta es provisional mientras trabajan en la aprobación del estatuto para la industria electrointensiva, que incluirá medidas de apoyo estables para el sector. Ese documento se prometió ya para abril pasado.

Otro gran secreto de Estado de nombre interrumpibilidad

f. fernández
Alcoa, en la foto su fábrica de aluminio primario de San Cibrao, es una de las grandes prestatarias del servicio de interrumpibilidad
Alcoa, en la foto su fábrica de aluminio primario de San Cibrao, es una de las grandes prestatarias del servicio de interrumpibilidad

Se cuentan con los dedos de una mano los datos de ese servicio pagado por los consumidores

Hay un gran secreto de Estado en este país, junto al nombre de los espías que trabajan para el CNI, que es el de las empresas que se han repartido solo entre el 2013 y el 2019 la friolera de 3.280 millones, que han salido del bolsillo de los consumidores de electricidad, que vienen siendo todos los españoles. Ese es el dinero público adjudicado a las compañías que prestan el conocido como servicio de interrumpibilidad. Las beneficiarias disponen de industrias con un elevado consumo de energía y se prestan a reducirlo por necesidades del sistema eléctrico. Es decir, cobran por estar disponibles para Red Eléctrica de España. Cada vez que se conceden los fondos, de momento, vía subastas, en las que nadie sabe lo que realmente ocurre, el operador solo publica el número de compañías, los productos subastados y el importe de adjudicación. A partir de estos dos últimos datos se obtiene el presupuesto final empleado. Nada más. Los nombres de las empresas se consideran alto secreto y, más aún, el dinero que se lleva cada una. Los datos que trascienden, como que Alcoa es la que se come el mejor trozo del pastel, y que solo del 2016 al 2018 se embolsó 360 millones, suelen salir de las propias compañías, aunque tampoco es habitual.

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