El Supremo decidirá qué gastos se pueden deducir en el impuesto de sociedades

Analizará un recurso de la gallega Cupire Padesa, a la que el fisco no dejó desgravar los intereses de un préstamo para comprar acciones propias


Redacción / La Voz

El Tribunal Supremo tendrá que determinar qué gastos pueden deducir las empresas en el impuesto de sociedades. Y lo hará a petición de Cupire Padesa, el gigante pizarrero de Valdeorras (ahora Cupa Group), que pelea desde hace más de ocho años con la Administración tributaria a cuenta de las liquidaciones de ese tributo de los años 2006 y 2007, en los que aplicó una desgravación que el fisco se resiste a aceptar y por la que reclama 851.000 euros.

En concreto, el grupo gallego dedujo los intereses de un préstamo con el que financió la compra de acciones propias de la compañía, que luego amortizó con una reducción de capital. En concreto, en la operación adquirió participaciones equivalentes al 40 % de su capital social, por un importe conjunto de 30,6 millones de euros. Para financiar esa compra, la entidad suscribió un préstamo con una entidad financiera que devengó más de 2,1 millones de euros en intereses en los dos ejercicios que se revisaron.

Después de que la inspección determinase que los gastos de ese préstamo no eran deducibles, la empresa interpuso diversos recursos, primero ante los tribunales económico-administrativos (el regional y el central) y luego ante la Audiencia Nacional, que no aceptaron sus argumentos, ya que, según este último tribunal, «el negocio jurídico de la adquisición a socios de participaciones propias, así como la reducción de capital, son actos ajenos a la actividad empresarial», ya que no producen riqueza para esta.

Así, desoye las alegaciones de la compañía, que aseguraba que la operación buscaba «dar un cambio de trayectoria al negocio que garantizase su supervivencia y mejorase su rentabilidad», y acepta la tesis de los inspectores, que justificaron su negativa a aceptar el descuento fiscal en que, «en lugar de pactar una compraventa de participaciones entre los socios que desean vender y los que desean comprar, es la empresa la que realiza la compra de sus propias acciones», aprovechándose de su mayor capacidad financiera y «con el consiguiente ahorro fiscal».

El Supremo acepta juzgar la cuestión porque, más allá del caso analizado, esta situación afecta a muchas empresas y es preciso determinar cómo debe interpretarse «la exigencia de correlación entre ingresos y gastos» que establece la ley para que estos últimos sean fiscalmente deducibles.

Las multinacionales españolas tributaron 11.600 millones en todo el mundo, un 12,6 % de su beneficio

Las 134 grandes multinacionales españolas (aquellas que ingresan más de 750 millones al año por su actividad en todo el mundo) pagaron una factura fiscal de 11.600 millones de euros en el año 2016, apenas un 12,6 % del beneficio global generado en ese ejercicio, que ascendió a 91.850 millones. Es la conclusión de un informe publicado ayer, por primera vez, por la Agencia Tributaria que reabre el debate sobre la fiscalidad de estas grandes corporaciones, ya que ese nivel de tributación es apenas la mitad del tipo nominal del 25 % que rige para el impuesto de sociedades en España (que se eleva al 30 % en el caso de bancos y petroleras).

«Esta información contribuye al debate internacional sobre su distribución entre los países en los que operan y el establecimiento de un suelo de tributación», asegura el Ministerio de Hacienda, que en el último proyecto de Presupuestos, rechazado por el Congreso, incluía un mínimo de tributación efectiva del 15 %.

Los datos han sido obtenidos de la explotación del nuevo modelo 231, de declaración de información «país por país», que recopila la información fiscal de estas multinacionales en todos los territorios en los que operan, para intercambiarla con el resto de los países de la OCDE. Datos que muestran que los 134 grandes grupos españoles cuentan con 16.160 filiales, 10.967 de ellas en el extranjero, y que solo 43 multinacionales concentran la mitad del beneficio de todo el colectivo, pero solo el 10,5 % de la cuota tributaria total.

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En el 2017, último ejercicio del que hay datos comparables para todos los países de la Unión Europea, España ingresó más de 402.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones sociales. Una cifra que, pese a ser la más alta de toda la serie histórica (por encima de los años de la burbuja del ladrillo), solo supone el 34,5 % del PIB nacional, un nivel de presión fiscal claramente por debajo de la media europea (que supera el 40 %). Solo nueve países recaudan menos impuestos que España en relación al tamaño de su economía.

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