La OCDE urge a España a vincular las aportaciones del colectivo a sus ingresos reales
05 dic 2019 . Actualizado a las 13:22 h.El sistema actual de cotizaciones, que permite que los autónomos decidan cuánto quieren aportar a la Seguridad Social, condena a los trabajadores por cuenta propia a una jubilación precaria. Con unos ingresos declarados inferiores a los de los asalariados (un 31 % menos, de media, frente al 16 % en el conjunto de los países desarrollados), siete de cada diez autoempleados eligen pagar solo la cuota mínima. Y eso hará que quienes ahora empiecen su vida laboral cobren, una vez retirados, solo un 42 % de la pensión que percibirán los trabajadores por cuenta ajena. Solo Japón, México y los Países Bajos presentan expectativas peores para el colectivo.
Es el cálculo que hace la OCDE, que en su último informe advierte de cómo la expansión de empleos «atípicos» en estos tiempos de inestabilidad y precariedad laboral (no solo autónomos, sino también puestos de trabajo temporales o a media jornada) amenaza el futuro de las pensiones, tanto en lo relativo a la sostenibilidad del sistema como en la suficiencia de las prestaciones. Para evitarlo, en el caso de los autoempleados abogan abiertamente por ligar la cotización de estos trabajadores a sus ingresos reales, para que contribuyan en igualdad de condiciones que los asalariados.
«Mejorar las expectativas de pensión para todos requiere que todos los ingresos sean tratados de la misma forma y, en el caso concreto de los autónomos, estos deben contribuir de acuerdo a sus ingresos reales y no a los declarados», explica el organismo en su informe relativo a España. «Está bien tener flexibilidad, pero sabemos que a menudo la gente tiene preferencia por el corto plazo», argumentó el economista jefe de pensiones de la OCDE, Hervé Boulhol, que advirtió de que aquellos que prioricen su situación actual, contribuyendo por la cuota mínima a pesar de tener ingresos superiores, «evidentemente lo van a pagar más tarde», por lo que instó a los países, en concreto España, a «limitar drásticamente» esa discrecionalidad.
Uno de los tópicos que desmontan en el informe es que los autónomos pueden compensar esas pensiones más bajas gracias al ahorro acumulado durante su vida laboral (en parte, por esa decisión de contribuir menos a la Seguridad Social, pero también por el capital invertido en sus negocios y que pueden recuperar cuando se retiran, como los locales). Sin embargo, según los cálculos de los técnicos de la OCDE, los activos medios acumulados por los autoempleados equivalen a doce meses de su pensión, frente a los nueve meses de los asalariados, una diferencia ínfima que no compensa la enorme brecha en la jubilación.
Una reforma fallida
Por ello, desde el organismo advierten de la necesidad de introducir cambios, y urgen a las Administraciones a implicarse, puesto que muchas veces esa flexibilidad es alentada por los poderes públicos, que buscan «hacer el empleo autónomo atractivo» para mejorar las cifras de ocupación, como ocurrió durante la crisis con las tarifas planas de cotización. Sin embargo, esgrime la OCDE, «estas políticas deben tener en cuenta el conjunto del ciclo de vida», para no fomentar una precarización de la jubilación. De hecho, en la legislatura pasada el Gobierno de Pedro Sánchez amagó con vincular la cotización de los empleados por cuenta propia a sus ingresos reales, aunque la presión de las asociaciones de autónomos forzó a dar marcha atrás y limitarse a subir las cuotas a cambio de mayores prestaciones.
España necesita una fórmula para blindar el sistema tras anular las últimas reformas
Aunque el futuro de las pensiones pinta más negro para autónomos y asalariados precarios, la OCDE advierte de la necesidad de abordar en España un debate serio sobre la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo. Y es que el país, apuntan todos los indicadores, se convertirá en breve en uno de los más envejecidos del mundo, con 78 personas mayores de 65 por cada cien en edad de trabajar en el año 2050, más del doble de la proporción actual de jubilados (33 por cada cien potenciales activos).
Una presión adicional en un sistema de pensiones que ya arrastra un déficit milmillonario, que no hará más que engordar si no se llega a un consenso político para equilibrar ingresos y gastos. Sobre todo, después de que se anularan, al menos en la práctica, las últimas reformas aprobadas en el 2013: el índice de revalorización (que limitaba las subidas de las prestaciones al 0,25 % anual) y el factor de sostenibilidad, que buscaba ligar las pensiones iniciales (las españolas siguen siendo de las más generosas del mundo) a la evolución de la esperanza de vida.
El organismo no entra en el fondo de estas medidas ni en la vinculación de nuevo al IPC, consciente de que «se puede llegar al equilibrio financiero por diferentes vías», pero incide en que «los problemas del sistema» persisten, por lo que habrá que buscar «algo para reemplazarlas», aunque la inestabilidad política no ayuda.