Los funcionarios salen el jueves a la calle para exigir que les suban el sueldo en enero

L. Palacios MADRID / COLPISA

ECONOMÍA

EUROPA PRESS / CSIF

No aceptan que se retrase el incremento salarial hasta que haya Gobierno en plenas funciones, aunque se aplique con carácter retroactivo

27 nov 2019 . Actualizado a las 08:42 h.

Los funcionarios quieren la subida pactada del 2 % para el próximo año ya en enero, se haya formado un nuevo Gobierno o no. Por eso, y ante la negativa del actual presidente en funciones Pedro Sánchez a aprobar ese incremento estando en funciones, se movilizarán este jueves, con concentraciones frente a las delegaciones y subdelegaciones del Ejecutivo en todo el país. Así lo anunció este martes el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, quien reclamó al Gobierno que haga efectiva esta subida por decreto, tal y como pretende hacer con la de las pensiones.

Se trata de una medida de presión para hacer cambiar de idea a Sánchez, quien en octubre envió una carta a los sindicatos en la que condicionaba la subida a que el Ejecutivo esté «en plenas funciones», aunque se comprometió a que, cuando se aprobase, se aplicaría con carácter retroactivo desde enero. Algo que no contenta a los sindicatos, y desde CSIF advirtieron que los más de 2,5 millones de empleados públicos «no van a tolerar que se retrase ni un día» una subida salarial que está firmada desde el año pasado, puesto que el Ejecutivo está «facultado» para dictar dicha norma. En este sentido, recordó que la Diputación Permanente del Congreso convalidará este miércoles cuatro decretos sobre parámetros retributivos del sector eléctrico, la organización de la Cumbre contra el Cambio Climático, medidas sobre administración digital y contratación pública y la paga de diciembre de los pensionistas. «Con todo el respeto, los parámetros retributivos del sector eléctrico no creo que sean más importantes que el salario de los funcionarios públicos», apuntó Borra.

Seguirán las protestas

Desde CSIF avisaron de que continuarán con más medidas de presión si el Gobierno no ejecuta las mejoras pactadas con el colectivo, y recordaron que los funcionarios todavía arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 20 % derivada de los recortes de la crisis. Pero además destacaron «la situación de deterioro que afrontan los servicios públicos por la parálisis del Ejecutivo central y la inercia que se traslada al resto de Administraciones», que tienen una tasa de temporalidad cercana al 28 %.