Gorriarán defiende el crédito fallido que le hizo a Caixanova un roto de 42 millones

La excúpula de la antigua caja vuelve al banquillo de la Audiencia Nacional por una operación inmobiliaria en Rivas

Gregorio Gorriarán, ex director general adjunto de Caixanova, a su llegada a la Audiencia Nacional
Gregorio Gorriarán, ex director general adjunto de Caixanova, a su llegada a la Audiencia Nacional

madrid / la voz

«Era un préstamo importante para nosotros. Pero no solo por su importe, sino por lo que llevaba detrás. Era interesante para Caixanova». Así defendió este lunes en la Audiencia Nacional el ex director general adjunto de Caixanova y responsable de su división comercial, Gregorio Gorriarán, la operación inmobiliaria fallida en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, que ha llevado por segunda vez al banquillo a la excúpula de la extinta caja de ahorros gallega, acusada de un delito societario continuado, en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta de patrimonio social.

Gorriarán, junto con el expresidente de la entidad financiera, Julio Fernández Gayoso; el ex director general, José Luis Pego; y el responsable de la división de planificación financiera y control, Domingo González Mera; se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de cárcel (petición compartida por la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, mientras que la acusación particular de Abanca la rebaja a tres) por la concesión en el 2007 de un crédito de 67,1 millones de euros, cuya mora, sucesivas refinanciaciones y finalmente dación en pago acabaron provocando un quebranto de casi 42 millones a Caixanova, de la que Abanca heredó el negocio.

En el juicio, que comenzó en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la magistrada Teresa Palacios, Gorriarán defendió la concesión del préstamo a la mercantil Rivas ACI S.L, sociedad nacida como unión temporal de empresas (UTE), para la compra de terrenos en Rivas para construir vivienda protegida.

En un larguísimo y bronco interrogatorio que se prolongó por espacio de seis horas, a preguntas de la fiscal Inmaculada Violán, el exdirectivo sostuvo que la operación era «interesante» y no suponía un riesgo mayor que otras similares, ya que Rivas ACI tenía detrás al grupo gallego Copasa (una de sus filiales formaba parte de la UTE), que era cliente habitual de Caixanova. Además, explicó, les interesaba porque suponía «quitársela a La Caixa» y, pese a su abultada cuantía, solo «suponía un 0,5 % del volumen de inversión crediticia que tenía la caja en ese momento».

La refinanciación, «poco ética»

«Ese préstamo fue importante en el momento de su reestructuración, de la dación en pago (la financiera Proinova, filial de Caixanova, acabó quedándose con las fincas para cancelar la deuda), pero dentro de la masa de crédito que existe en la entidad, de 13.000 millones, no era significativo», insistió, al tiempo que defendió la refinanciación aprobada cuando Rivas ACI dejó de pagar los intereses de la primera hipoteca. Esto se tradujo en la concesión de un nuevo préstamo, por importe de 1,7 millones, que se sumaba a los 67,1 iniciales, para que la empresa pagase a Caixanova los intereses atrasados y ganase tiempo. «No era un método muy ético», admitió Gorriarán, alegando que, sin embargo, era lo mejor para que la entidad pudiera recuperar el dinero en el futuro. Finalmente no ocurrió.

Recordó que en aquel momento -enero del 2010-, las opciones eran reestructurar y refinanciar, solicitar la dación en pago de las parcelas o hacer una reclamación judicial, y que «huían» de esa última fórmula porque abocaría al cliente a un concurso de acreedores que inmovilizaría ese activo al menos dos años.

La tesis de la Fiscalía es que los exdirectivos dieron luz verde al préstamo hipotecario de 67 millones sin explicar al consejo de administración sus riesgos, que ignoraron pese a que los analistas alertaron de ellos en sus informes: ya se apreciaban los primeros signos de pinchazo de la burbuja y la cuantía del crédito era excesiva, por lo que recomendaban no asumirlo en solitario.

El interrogatorio prosigue hoy con el turno de las defensas, después de que la Abogacía del Estado y Abanca declinaran hacer preguntas. La excúpula, que ya fue condenada por el cobro irregular de retiros millonarios, tiene abiertas otras dos causas en la Audiencia Nacional por otros créditos sospechosos.

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