Alianza de la Xunta con las grandes empresas para conseguir un precio eléctrico más barato

Patronal y Administración autonómica reclaman exenciones fiscales para las industrias electrointensivas

El conselleiro con representantes de las industrias electrointensivas
El conselleiro con representantes de las industrias electrointensivas

La Xunta y las empresas con un elevado consumo de energía siguen en su cruzada para lograr que el Gobierno diseñe un marco estable que garantice un precio eléctrico competitivo, en línea con el de los países del entorno europeo. Ahora han acordado ir en alianza para dar la batalla. Así lo acordaron durante una reunión celebrada estos días en Santiago, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, y la presidenta de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Teresa Rasero, junto a representantes de compañías gallegas afectadas. En ella coincidieron en demandar medidas al Gobierno y reclamar la aprobación urgente del estatuto de consumidores electrointensivos, que garantice un precio de entre 35 y 40 euros el megavatio hora para competir en igualdad de condiciones con el resto de países europeos.

La Xunta acaba de enviar a los partidos nacionales una propuesta con los puntos que debería incorporar ese estatuto. Entre ellos, la supresión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica y el que penaliza el consumo de carbón. El Ejecutivo gallego también reclama la rebaja del recibo eléctrico que abonan las grandes industrias a través de un recorte de los costes (en concreto de transporte) que se abonan en forma de peajes en la factura, el fomento de los contratos bilaterales entre generadores y grandes consumidores.

Al margen de las medidas compensatorias que se incluyan en el estatuto, el sector demanda también que se sigan celebrando las subastas de incentivos por la prestación del servicio de interrumpibilidad de las industrias. Se trata de un mecanismo cuyos fondos han ido menguando de forma progresiva en los últimos años. Los de este 2019 son un 40 % inferiores a los del 2018.

Estas demandas conjuntas coinciden con las lanzadas por el presidente de Alcoa en España en una tribuna publicada por La Voz de Galicia este martes. En ella, Álvaro Dorado advierte de que la planta de aluminio de San Cibrao es competitiva en todos los aspectos, salvo en el precio eléctrico, y avanza que «es sencillamente inviable fabricar aluminio primario en España si no tenemos al menos un precio similar al de otros países de la Unión Europea, como Francia o Alemania».

La Consellería de Industria destacó que la industria electrointensiva instalada en Galicia «exerce un efecto tractor sobre a economía e a súa viabilidade potencia a recuperación económica. O consumo de electricidade neste tipo de industrias chega a supoñer o 50% dos seus custos de produción».

Alcoa anuncia otro plan de cierres o ventas en plena crisis en San Cibrao

f. fernández
Más de un millar de operarios trabajan en las fábricas de aluminio (en la foto) y de alúmina de Alcoa en San Cibrao
Más de un millar de operarios trabajan en las fábricas de aluminio (en la foto) y de alúmina de Alcoa en San Cibrao

La compañía acumula pérdidas este año por importe de 740 millones de euros

Mal año para el gigante mundial del aluminio Alcoa. Entre enero y septiembre acumuló 822 millones de dólares (739 millones de euros) de pérdidas, que la multinacional atribuye, en buena medida, a los costes derivados de la venta de las fábricas de A Coruña y de Avilés. Así, entre enero y julio, cuando se cerró la operación con el fondo de inversión Parter, Alcoa mantuvo activas las plantas, aunque dejó de fabricar aluminio en ambas ya en febrero. Además de abonar los salarios durante ese tiempo, la empresa comprometió una inversión de 40 millones para la reactivación de las cubas de electrolisis. La venta de las instalaciones acabó generando un gasto cercano a los 200 millones de dólares (unos 180 millones de euros), según los resultados oficiales de la compañía. Tras esa operación, Alcoa solo mantiene abierta en España una fábrica de aluminio, la de San Cibrao, con 660 operarios y un futuro incierto, pues acabará el año con unas pérdidas de 60 millones, que se sumarán a los 48 millones del 2018. Los planes iniciales para A Coruña y Avilés eran cerrarlas, pero finalmente se vendieron gratis.

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