La Xunta lanza medidas para abaratar la luz y salvar la industria

Propone suprimir dos impuestos eléctricos y reducir costes regulados en la factura


Redacción

Ya que el Gobierno central no mueve ficha, la Xunta ha decidido tomar la iniciativa y lanzar una propuesta para abaratar el precio de la electricidad, de modo que garantice la competitividad industrial. Así lo anunció el presidente Alberto Núñez Feijoo durante una visita a la empresa Cortizo, en Padrón (A Coruña), donde avanzó que estas medidas ayudarán a garantizar «la viabilidad de Alcoa y de otras empresas electrointensivas que, en Galicia, dan empleo a 5.000 personas».

El conselleiro de Industria, Francisco Conde, tiene la encomienda de cerrar la propuesta esta misma semana para enviársela a todos los partidos, de modo que se organice un frente común para salvar la industria.

El propio Conde detalló que las medidas que propondrán al Gobierno para incorporar al estatuto del consumidor electrointensivo se fundamentan en la supresión de dos impuestos que gravan la generación de electricidad, con lo que se conseguiría reducir el coste de producción y, por tanto, el precio final de la energía. Esta medida beneficiaría tanto a los consumidores domésticos como a las grandes industrias. Además, la Xunta también propondrá recortar los peajes dedicados a financiar la actividad de transporte para las compañías con un elevado consumo eléctrico, como Alcoa, Megasa, Ferroatlántica, entre otras.

La propuesta incluirá una ampliación de los fondos dedicados a compensar los costes indirectos que deben asumir las empresas por los derechos de emisión de dióxido de carbono.

Hasta que el documento no esté finalizado y entregado al resto de partidos para que lo analicen, Conde prefirió no dar más detalles precisos sobre la propuesta. Aunque sí avanzó que las medidas incluidas por la Xunta tienen como objetivo que el precio de la electricidad ronde entre los 35 y los 40 euros, que garantizarían la competitividad industrial.

El Gobierno central elaboró a principios de año un estatuto para compensar los elevados costes energéticos de las grandes empresas y prometió aprobarlo antes de las elecciones generales del 28 de abril pasado. Sin embargo, el documento no vio la luz porque Competencia avisó de que algunas de las propuestas podrían ser consideradas ayudas de Estado por la Comisión Europea. El Ejecutivo se comprometió a elaborar otro documento. Hasta ahora.

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